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Las verdaderas consecuencias de la desinversión social

Cinco años después de su lanzamiento, el conjunto de medidas sobre inversión social (SIP, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) ha generado sentimientos contradictorios entre los más necesitados. Un consorcio de investigadores financiados con fondos europeos volvió a empezar desde el principio para ver si los responsables políticos podrían cambiar su curso y en qué medida. Esperan que su trabajo ayude a reforzar los fundamentos filosóficos, institucionales y empíricos de la inversión social en Europa.
Las verdaderas consecuencias de la desinversión social
Mirando atrás, el SIP fue un intento ambicioso de reformar las políticas sociales, especialmente tras cinco años de una crisis agravada por unas duras medidas de austeridad. El conjunto introdujo un nuevo discurso y tenía por objeto legitimar los gastos sociales haciendo hincapié en su valor productivo: elevado rendimiento económico para los servicios sociales, tales como la educación infantil, la atención sanitaria, la vivienda social y las políticas activas de mercado laboral; mantenimiento del nivel de vida y economías estabilizadas en épocas de crisis.

Sin embargo, la verdad es que el conjunto solo alcanzó la mitad de sus ambiciones. Para contribuir a la política futura, el proyecto Re-InVEST (Rebuilding an Inclusive, Value-based Europe of Solidarity and Trust through Social Investments) puso de relieve los daños a largo plazo derivados de la desinversión social durante el período de crisis y tiene por objeto identificar las condiciones de frontera y los elementos básicos de una estrategia de inversión verdaderamente social.

Mirando atrás, ¿diría que el SIP tuvo algún efecto positivo en la inversión social?

Ides Nicaise: El efecto fue más bien simbólico. Probablemente fue útil a la hora de limitar los daños causados por la agenda de austeridad a los estados del bienestar europeos y fomentó el discurso de la eficiencia en materia de protección social, atención sanitaria, etc. Pero la presión constante para una «consolidación presupuestaria» hizo que el SIP resultara bastante impotente e, incluso, que se pensara cada vez más que estaba desviando las políticas sociales hacia una agenda económica neoliberal. La selectividad, la eficiencia, la rentabilidad y la privatización se convirtieron en nuevas palabras de moda; en detrimento de la equidad, los derechos básicos y unas normas sociales mínimas.

Por tanto, no es ninguna sorpresa que la Comisión Juncker eligiera un nuevo emblema para sus políticas sociales: el pilar europeo de derechos sociales. No quiero decir que estos dos marcos sean opuestos, pero el SIP apenas se menciona en los documentos de política de la UE de los últimos tres años.

Por tanto, ¿el SIP estaba condenado al fracaso?

Solamente podía quedar socavado por la contradicción entre el contexto de la política macroeconómica y el discurso de inversión social. No se puede predicar inversión social sin decir como mínimo a los Estados miembros dónde encontrar los recursos para llevarla a cabo. El propio presupuesto de la UE es marginal: con un 1 % del PIB europeo, no puede tener ningún impacto sustancial. Solo se puede esperar que una recuperación sostenida genere más margen de maniobra para una inversión verdaderamente social en los Estados miembros. Sin embargo, incluso el fondo de inversión Juncker, que se creó para estimular la recuperación, se centró en una infraestructura económica tradicional y, en gran medida, dejó al margen la inversión social.

¿Cómo se propusieron ayudar a revertir esta tendencia?

En primer lugar, señalamos el gran daño humano derivado de la desinversión social durante los años de crisis. Mucha gente cree que los recortes en gasto social tan solo suponen un apretón temporal de cinturón o, de hecho, un incentivo positivo para aceptar un empleo. La realidad en los estratos más modestos es radicalmente distinta. Los trece equipos locales de Re-InVEST pasaron muchos meses detallando los efectos a largo plazo de las políticas de austeridad en las vidas de las personas más vulnerables. Recopilaron pruebas de daños que, a menudo, son irreparables: recién nacidos durmiendo en centros de acogida helados, enfermos crónicos que dejaron su tratamiento porque la medicación se había vuelto inasequible, padres arruinados que dejan atrás a sus hijos y emigran para encontrar trabajo en otros países, familias rotas, suicidios que alcanzan su punto máximo, etc.

Si bien la inversión social tiene un elevado beneficio a largo plazo, una cruel desinversión social puede tener unos efectos devastadores a largo plazo en la vida de las personas. Debemos sacar conclusiones de esta experiencia. La agenda de inversión social debería priorizar los derechos humanos; la UE debería ayudar a fijar unas normas sociales mínimas en todos los sectores de servicios pertinentes y los gobiernos deben rendir cuentas cuando llegan demasiado lejos con sus políticas de austeridad.

En las siguientes fases de nuestra investigación, examinamos las características de las estrategias adecuadas de inversión social en distintos ámbitos políticos, a saber: protección social, políticas del mercado de trabajo, educación infantil, vivienda, atención sanitaria, suministro de agua y servicios financieros.

¿Cuáles han sido sus hallazgos más importantes hasta la fecha?

La investigación todavía está en curso, pero puedo dar algunos ejemplos. En nuestro estudio sobre las políticas del mercado de trabajo, tres equipos analizaron medidas para la incorporación de los jóvenes. Esto nos permitió sacar conclusiones sobre la Garantía Juvenil (Iniciativa sobre Empleo Juvenil), que forma parte del SIP. En Portugal, el programa distaba mucho de disponer de recursos suficientes: unos servicios de ocupación colapsados impusieron medidas de poca calidad que, en realidad, dejaron a los jóvenes solicitantes de empleo ocupados en círculos de entrada y salida en lugar de integrarlos; ni tan siquiera se informó a los jóvenes de la existencia de un «sistema de garantía», y los que lograron encontrar un empleo no salieron de la pobreza. En Francia, las cosas fueron mejor gracias a la externalización de los programas de activación en las ONG locales que estaban más familiarizadas con el grupo objetivo.

En Suiza, analizamos un experimento («Scène Active») que se basaba en el enfoque de las capacidades: combinó el desarrollo personal con la mejora de las competencias e hizo mucho hincapié en el compromiso libre de los jóvenes. A partir de estos ejemplos, aprendimos que los programas universales pueden generar efectos negativos. Los programas a largo plazo y a medida evidentemente resultan más caros, pero su beneficio neto es mucho más elevado.

Otro ejemplo guarda relación con el abastecimiento de agua en Flandes. El actual gobierno flamenco reformó el mercado siguiendo unos estrictos criterios ecológicos: invirtió en gestión y purificación de aguas residuales y subió el precio del agua, en parte para financiar la inversión pública, y en parte para fomentar un consumo de agua más ahorrativo. Sin embargo, se suprimió el anterior suministro gratuito, así como las tarifas sociales. Combat Poverty Service y Samenlevingsopbouw invirtieron en creación de capacidades e intercambio de conocimientos con grupos de hogares vulnerables y, posteriormente, iniciaron negociaciones con los proveedores y el Gobierno. Testigos de hogares con «pobreza hídrica» ilustraron que los derechos humanos básicos están en peligro en un mercado sin correcciones sociales. Se introdujo una nueva tarifa social y se elaboró una guía de buenas prácticas para prevenir mejor los cortes de suministro y fomentar una actitud más responsable desde el punto de vista social entre todas partes interesadas.

¿Cuáles son sus recomendaciones?

En primer lugar, deben aprenderse lecciones del período de crisis. Las políticas de austeridad siempre deberían estar vinculadas con el principio de no retroceso en derechos humanos: esto significa que cualquier recorte de gasto social debería ir precedido de una evaluación del impacto social y, siempre que peligren los derechos básicos de los ciudadanos vulnerables, deben adoptarse medidas de mitigación o retirarse completamente la medida de austeridad.

En segundo lugar, el marco conceptual del SIP debe enriquecerse partiendo de un enfoque de «capital humano» hacia uno «derechos humanos y capacidades». Los derechos humanos básicos (a la sanidad, la educación, la vida familiar, la participación social, etc.) son tan inestimables que merecen ser la máxima prioridad en las funciones objetivas del SIP.

En tercer lugar, es preciso garantizar la financiación de un programa de inversión social a gran escala. En la actualidad, la agenda de consolidación presupuestaria y monetaria tiene una posición tan dominante que deja poco margen para hacerlo. Simplemente necesitamos más ingresos públicos. Europa es más que rica para permitirse un SIP ambicioso a través de los fondos públicos, siempre que se aplique una política fiscal justa y coordinada.

Fuente: Entrevista de la revista de resultados de research*eu n.º 75

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