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Hacia la creación de un marco comunitario para la firma electrónica

El Consejo de Ministros ha aprobado una posición común de la Comisión Europea saliente con vistas a establecer un marco jurídico para la firma electrónica. La proposición será ahora transmitida a los diputados europeos para su segunda lectura.
La propuesta, que reconoce la nec...
El Consejo de Ministros ha aprobado una posición común de la Comisión Europea saliente con vistas a establecer un marco jurídico para la firma electrónica. La proposición será ahora transmitida a los diputados europeos para su segunda lectura.
La propuesta, que reconoce la necesidad de la firma electrónica para la seguridad de las comunicaciones y el comercio electrónicos, se propone establecer un marco claro que sirva para fomentar la confianza e impulsar la inversión en estas nuevas tecnologías. El Consejo prevé para la firma electrónica una validez equivalente a la que actualmente tiene la firma manuscrita.
De aprobarse, esta propuesta crearía un marco adecuado para la transmisión segura del comercio electrónico, estimulando la inversión e impulsando el crecimiento, la competitividad y el empleo.
En la actualidad ninguno de los Estados miembros ha establecido todavía un marco legislativo para la firma electrónica, lo que representa una oportunidad única para desarrollar un marco jurídico armonioso a escala europea.
La propuesta de directiva propone establecer una serie de requisitos mínimos en cuanto a seguridad y responsabilidad para asegurar que la firma electrónica sea jurídicamente reconocible en toda la UE.
Se establece además un sistema jurídicamente reconocible de firma electrónica a través del cual se puede determinar el origen de los datos y la identidad del autor de su envío, con la posibilidad de verificar si esos datos han sido modificados.
Junto con los datos aparecerá también un certificado expedido por un proveedor de servicios que identificará a su signatario. De acuerdo con la propuesta, se establecerán una serie de reglas mínimas de responsabilidad, que, entre otras cosas, harán a los proveedores de servicios responsables de la validez del contenido del certificado. Se establecerán una serie de medidas de garantía para asegurar la protección de los datos personales utilizados por los proveedores de servicios.
El Consejo ha asegurado que apoyará la introducción a escala nacional de planes voluntarios de acreditación, y de un sistema de control adecuado que deberá ser aprobado por los Estados miembros para conseguir la confianza de los ciudadanos.
La propuesta incluye asimismo mecanismos de cooperación con terceros países en cuanto a certificados mutuos sobre la base de acuerdos bilaterales y multilaterales, lo que deberá favorecer el desarrollo del comercio electrónico a nivel mundial.
Tras la aprobación de la propuesta se creará un Comité de la firma electrónica que deberá clarificar los requisitos de la directiva y de las normas sobre la firma electrónica que gocen de un reconocimiento general.

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