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Adoptada una comunicación sobre el principio de cautela

La Comisión Europea ha adoptado una comunicación sobre el uso del principio de cautela. En la comunicación se estipula la manera en que la Comisión tiene previsto aplicar el principio de cautela y establecer directrices para dicha aplicación. El objetivo es también proporciona...
La Comisión Europea ha adoptado una comunicación sobre el uso del principio de cautela. En la comunicación se estipula la manera en que la Comisión tiene previsto aplicar el principio de cautela y establecer directrices para dicha aplicación. El objetivo es también proporcionar información que enriquezca el debate en curso sobre el tema tanto a nivel internacional como de la UE.
La Comisión Europea está convencida desde hace algún tiempo de que los responsables políticos se beneficiarían de alguna forma de directrices horizontales en el momento de adoptar decisiones políticas cuando la ciencia no resulta en condiciones de cuantificar la magnitud de varios riesgos. Tales directrices, cree, resultarían vitales para prevenir la adopción de decisiones políticas basadas en temores o percepciones irracionales. Así pues, uno de los objetivos de la comunicación es describir claramente las situaciones en las que el principio de cautela podría aplicarse y:
- Determinar los principios de aplicación;
- Concertar modalidades comunes de medición, evaluación, gestión y comunicación del riesgo al que la ciencia aún no sea capaz de aplicar una evaluación exhaustiva;
- Prevenir el recurso injustificado al principio de cautela como forma encubierta de proteccionismo.
Según indica la comunicación, el principio de cautela resultará provechoso "cuando hayan sido averiguados los efectos potencialmente peligrosos de cualquier fenómeno, producto o proceso", y la evaluación científica no pueda determinar la magnitud de dicho riesgo con "el suficiente grado de certeza".
El principio de cautela quedó consagrado en la Conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo, celebrada en 1992, en la cual se adoptó la Declaración de Río, cuyo principio 15 estipula que la protección del medio ambiente requiere la aplicación extensa del principio de precaución por los Estados de acuerdo con su capacidad: "Cuando hubiere riesgos de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debería emplearse como argumento para justificar la dilatación de medidas que impidan la degradación ambiental".
El principio de cautela ha venido alimentando abundantes debates, tanto dentro de la UE como a un nivel más amplio. El concepto da pie a plantear cómo ajustar un equilibrio entre la libertad y los derechos de los individuos, la industria y las organizaciones, y la necesidad de reducir el riesgo de efectos adversos en el entorno y la salud humana, animal y vegetal. "Por tanto", advierte la Comisión, "la ponderación justa propicia a una acción proporcionada, no discriminatoria, transparente y coherente requiere un proceso de toma de decisiones estructurado, acompañado de un fondo pormenorizado de información científica y demás datos objetivos".
La aplicación de un planteamiento basado en el principio de cautela debería empezar, indica la Comisión, con una evaluación científica que determine, donde sea posible, los riesgos y el grado de seguridad científica derivada del cálculo de dicho riesgo.
"Los responsables políticos deben ser conscientes del grado de certeza ligada a los resultados de la evaluación de la información científica disponible. La determinación del nivel 'aceptable' de riesgo para la sociedad constituye una responsabilidad exclusivamente política", reza la comunicación.
"En determinados casos, cabrá la posibilidad de que lo más procedente sea no intervenir o por lo menos no ejecutar medidas jurídicas vinculantes. Se dispone de un amplio abanico de iniciativas para emprender acciones, desde medidas jurídicamente vinculantes hasta proyectos de investigación o recomendaciones", continúa la comunicación.
Cuando se considera necesaria una acción, afirma la Comisión:
"Las medidas basadas en el principio de cautela deberán:
- Ser proporcionadas al nivel de protección por el que se haya optado;
- Ser no discriminatorias en su aplicación;
- Ser consistentes con otras medidas similares ya adoptadas;
- Basarse en un examen de los costes y beneficios potenciales de la acción o inacción;
- Ser objeto de revisión a la luz de los nuevos datos científicos;
- Ser capaces de determinar a quien incumbe la responsabilidad de presentar las pruebas científicas necesarias para una evaluación completa del riesgo.
"Estas directrices previenen también contra el recurso injustificado al principio de cautela como forma encubierta de proteccionismo", advierte la Comisión Europea.
La Comunicación subraya que el principio de cautela forma parte de un enfoque estructurado de análisis del riesgo y que también es pertinente en términos de gestión del riesgo. Se refiere a casos en los que las pruebas científicas son insuficientes, inciertas o no concluyentes, y una primera evaluación científica indica que hay motivos razonables para creer que los efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los animales y las plantas no responden al alto nivel de protección establecido por la UE.
La comunicación fue presentada a la Comisión el 2 de febrero de 2000 por Erkki Liikanen, Comisario de Empresa y Sociedad de la Información, David Byrne, Comisario de Sanidad y Protección del Consumidor, y Margot Wallström, Comisaria de Medio Ambiente.
La publicación de la comunicación ha sido programada para coincidir con los debates que se están manteniendo en torno a otras declaraciones estratégicas importantes relacionadas con la salud y el medio ambiente, tales como el recién adoptado Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y el acuerdo alcanzado en Montreal en relación con un protocolo sobre bioseguridad.
La nueva comunicación amplía el alcance del principio de cautela, más allá del exclusivo ámbito del medio ambiente, a la protección de la salud de las personas, los animales y las plantas.
"La determinación de cuál es el nivel aceptable de riesgo para la UE constituye una responsabilidad política", señalan los autores de la comunicación: "[La comunicación] proporciona un marco razonado y estructurado para la acción en caso de incertidumbre científica y pone de manifiesto que el principio de cautela no puede ser una excusa para hacer caso omiso de las pruebas científicas y adoptar decisiones proteccionistas".
En la presentación que hizo de la comunicación ante el Parlamento Europeo, la Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, explicó que a raíz de los temores que originaron las crisis de la EEB y la dioxina, convenía presentar un programa de intenciones de la Comisión sobre la articulación de una intervención coherente cuando se produjeran crisis de estas características. Incumbe a la clase política y a los responsables políticos evaluar el nivel de riesgo a la luz de las últimas pruebas científicas. Cualquier acción que se tome debería "guardar proporción" con la magnitud del problema y no "ejercer discriminación" contra ningún país en particular.
"La Comisión considera que la Comunidad, al igual que otros miembros de la OMC, tiene derecho a fijar el nivel de protección -en particular del medio ambiente y la salud humana, animal y vegetal- que considere oportuno", asevera la Comisión.
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