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La Comisión adopta un marco político para la seguridad en la Internet

La Comisión Europea adoptó una comunicación el 8 de octubre de 1997 en la que se establece una política europea para garantizar la confianza y la seguridad en las comunicaciones electrónicas.

Las redes abiertas, en especial la Internet, están siendo utilizadas cada vez más co...
La Comisión Europea adoptó una comunicación el 8 de octubre de 1997 en la que se establece una política europea para garantizar la confianza y la seguridad en las comunicaciones electrónicas.

Las redes abiertas, en especial la Internet, están siendo utilizadas cada vez más como plataforma de comunicación y ofrecen la posibilidad de llevar a cabo transacciones comerciales (comercio electrónico), enviar comunicaciones privadas por correo electrónico y organizar servicios públicos (p.ej., licitaciones electrónicas). No obstante, debido al carácter abierto de estas redes, dichas comunicaciones carecen de los mecanismos necesarios de seguridad, existiendo la posibilidad de que los mensajes sean interceptados o manipulados, la validez de documentos sea disputada o se puedan recopilar datos privados de forma ilegal. Si no se desarrollan estructuras de seguridad que garanticen una confianza en este medio por parte de los usuarios, se pondrá en peligro el mayor nivel de eficacia que la Internet puede aportar al mundo empresarial.

Dos tipos de tecnología han aparecido con el fin de mejorar la seguridad: las firmas digitales y la codificación. La Comisión desea prevenir que estas tecnologías se desarrollen de forma poco sistemática (resultando en una incompatibilidad entre los Estados miembros) o que los modelos sean desarrollados fuera de Europa y se impongan a escala internacional. A este efecto, resulta imprescindible someter este tema a un debate exhaustivo en toda Europa.

El segundo peligro previsto por la Comisión en un desarrollo por etapas, poco sistemático, de las tecnologías de codificación lo constituye el marco jurídico. En primer lugar, si se pretende que las firmas digitales posean el mismo valor jurídico que las firmas por escrito, de ello se deduce que deberán contar con un reconocimiento a nivel internacional. En segundo lugar, tanto los organismos de investigación policial como aquellos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes temen que la ausencia de reglamentación en el desarrollo de las tecnologías de codificación disminuirán su capacidad para la lucha contra el crimen, en particular por lo que se refiere al fraude y el contrabando a nivel internacional.

Tras un proceso de consulta sobre los principios de la comunicación, la Comisión tiene la intención de presentar una serie de medidas. De entre las mismas cabe destacar:

- la entrada en vigor, durante el primer semestre de 1998, de un marco comunitario para las firmas digitales;
- requisitos comunes de certificación europea para las autoridades terceras de certificación, convalidando de esta forma las transacciones electrónicas;
- cambios en los sistemas jurídicos nacionales para garantizar el reconocimiento de las firmas digitales;
- desarrollo de las posiciones comunitarias con respecto al diálogo internacional;
- garantizar que todas las restricciones nacionales en materia de codificación son compatibles con el derecho europeo;
- adaptación del reglamento de uso dual en lo relativo a la transacción de productos criptográficos;
- incremento en la cooperación de las fuerzas policiales a nivel europeo e internacional;
- celebración de acuerdos internacionales entre la Comunidad y países terceros;
- fomento del desarrollo de normas armonizadas;
- creación de un programa comunitario en materia de desarrollo de estrategias globales para la seguridad de las comunicaciones electrónicas;
- dentro del V Programa Marco, se propone una actuación clave en el ámbito del comercio electrónico;
- creación de un foro europeo de la Internet antes de finales de 1997 para informar e intercambiar información.

Se organizará una audiencia sobre las firmas digitales y la codificación a principios de 1998 cuyo objetivo será garantizar un proceso de consultas exhaustivas en el campo de las comunicaciones. A esta audiencia asistirán representantes de gobiernos, la industria y los consumidores.


Fuente: Comisión Europea, DG XIII
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