Diferencias entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas con respecto a la asistencia en el campo de la seguridad nuclear
La Comisión Europea ha aceptado una serie de críticas pertinentes formuladas por el Tribunal de Cuentas con respecto a las operaciones relacionadas con la seguridad nuclear en los países de Europa Central y Oriental (PECO) y los Nuevos Estados Independientes (NEI). No obstante, en una serie de puntos específicos, la Comisión no comparte el juicio del Tribunal, plasmado en un informe que éste decidió aprobar definitivamente, con independencia de las divergencias de opinión subsistentes con respecto a determinados elementos. En su respuesta al informe especial del Tribunal (25/98), la Comisión destaca los logros positivos de las operaciones realizadas entre 1990 y 1997: "Tal como reconoce el propio Tribunal, los programas PHARE y TACIS relativos a la seguridad nuclear se han aplicado en un contexto especialmente complejo. Por consiguiente, sin negar la necesidad de mejorar su asistencia, la Comisión se congratula de los progresos realizados, creando en particular un clima de confianza y cooperación con los socios del programa, fomentando una mayor sensibilización de las cuestiones que afectan la seguridad nuclear y profundizando sus conocimientos al respecto, y reforzando a las autoridades nacionales responsables de la normativa nuclear en los países socios. La cultura de la seguridad ya no es algo desconocido, si bien todavía es preciso reforzarla". La Comisión afirma que la base del análisis del informe especial la constituye un error de razonamiento, porque parte de la premisa de que el objetivo asignado a la ayuda externa en el campo de la seguridad nuclear -incluida la ayuda aportada por los programas PHARE y TACIS- consistía en conseguir que el parque de reactores de concepción soviética se colocara al nivel de seguridad que establecen las normas internacionales. "Ahora bien, los donantes nunca han aceptado esa responsabilidad y su objetivo siempre se ha limitado a ayudar a los beneficiarios a asumir sus responsabilidades en ese campo. Además, no es con "subvenciones" de aproximadamente 100 millones de ecus al año, en forma sobre todo de asistencia técnica (ya que las normas financieras de PHARE y TACIS limitan estrictamente la financiación de las inversiones) como podía la Comisión asumir los 50.000 a 60.000 millones de ecus necesarios para cerrar o modernizar los 65 reactores nucleares en Europa del Este y la antigua Unión Soviética". La Comisión reconoce que ha habido carencias en el modo de plasmar su estrategia en programas concretos. Atribuye, en gran medida, esas carencias a la urgencia con que se pusieron en marcha los primeros programas, a diferencias de percepción entre los expertos orientales y occidentales y a la escasez de personal destinado a la aplicación de los programas, por lo que, para definir los programas de seguridad y los proyectos que los componían, la Comisión tuvo que recurrir en gran medida a asesores externos. A fin de resolver esta cuestión, la Comisión ha establecido un acuerdo con el Centro Común de Investigación (CCI), con el fin de encontrar entre su propio personal el apoyo técnico necesario, reconociendo, sin embargo, que el CCI no puede cubrir todas las necesidades de peritaje nuclear que exige la aplicación del programa. La Comisión también reconoce que la gestión de los programas ha adolecido de retrasos e insuficiencias y ha adoptado una serie de medidas para remediar la situación. A la Comisión le sigue preocupando la rápida rotación del personal en sus servicios interesados. Por último, la Comisión reconoce que los procedimientos generales no siempre se adaptan a las dificultades especiales de los programas de seguridad nuclear y que han dado lugar a retrasos de ejecución. No obstante, subraya que, en algunos casos, el Consejo impuso esos procedimientos a la Comisión.