Un régimen de renta mínima para los demandantes de empleo en el extranjero
El plan de la Unión Europea para mejorar la coordinación de los sistemas de seguridad social persigue dos objetivos. Por una parte, trata de facilitar la libre circulación de trabajadores y proteger mejor sus derechos y, por otra, pretende proporcionar a las autoridades de los distintos países herramientas más eficaces para combatir el fraude y los abusos. Según la nueva propuesta, la prestación de desempleo del país de origen se amplía a un periodo mínimo de seis meses, se establecen normas más claras para determinar qué país debe pagar a los trabajadores fronterizos, y los Estados miembros pueden exigir a los trabajadores que hayan permanecido activos durante al menos tres meses en su territorio antes de poder solicitar el subsidio alegando experiencia laboral en otros países. Asimismo, el texto recoge una definición más adecuada de prestación de larga duración y ofrece a los Estados miembros la posibilidad de no conceder prestaciones sociales a los ciudadanos con movilidad geográfica pero inactivos económicamente, además de proporcionarles herramientas para abordar posibles prácticas injustas o abusivas. En este contexto se puso en marcha la iniciativa BEUCITIZEN, financiada con fondos europeos. En un artículo publicado recientemente en EUROPP, los miembros del proyecto Cecilia Bruzelius y Martin Seeleib-Kaiser, de la Universidad de Oxford, sostienen que esta propuesta no aborda adecuadamente las principales deficiencias del sistema actual. Los puntos en los que hacen hincapié son la ampliación de la prestación por desempleo del país de origen a seis meses y el establecimiento de un periodo mínimo de tres meses de estancia para poder acceder a dicha prestación en el país de destino. Los dos investigadores afirman que, debido a las diferencias económicas entre los Estados miembros, la cuantía de las prestaciones por desempleo que podrían transferirse variaría sensiblemente de unos a otros, por lo que los solicitantes de empleo de la UE desplazados estarían expuestos a posibles situaciones de explotación. Según explican en su artículo, «un demandante de empleo de Rumanía que se trasladase a Dinamarca en busca de trabajo solo tendría derecho a una prestación por desempleo de 27 € semanales, mientras que alguien que se hubiese quedado en paro en Dinamarca recibiría 367 € a la semana». Al pasar a ser económicamente inactivo, este ciudadano rumano no tendría derecho a percibir prestaciones de asistencia social del país de destino salvo que tuviese permiso de residencia, lo que probablemente le abocaría a aceptar cualquier trabajo para subsistir. El ciudadano rumano se encontraría, pues, en peores condiciones para hallar un empleo digno en el extranjero que uno danés en su misma situación. Para solucionar este problema, los investigadores de la Universidad de Oxford proponen un Régimen Europeo de Renta Mínima (EMIS) para todos los solicitantes de empleo en el extranjero, que «percibirían el 25 % de la renta mediana neta equivalente —esto es, el nivel de prestaciones sociales de una muestra de Estados miembros de la UE— en el país de destino durante un máximo de tres meses dentro de un periodo de veinticuatro meses». Esta prestación para los demandantes de empleo en el extranjero aumentaría considerablemente el salario mínimo, reduciéndose así el riesgo de explotación. El coste del EMIS ascendería a poco más de mil millones de euros; una cantidad que el equipo considera plausible, incluso modesta, en el clima actual de recortes en el gasto social que vive la UE. Para más información, consulte: Página web del proyecto
Países
Países Bajos