Una organización internacional ayudará a los investigadores de países en desarrollo a resolver asuntos de propiedad intelectual
Está prevista este año la constitución de una organización internacional que ayude a los gobiernos e investigadores en salud del mundo en desarrollo a negociar en mejores condiciones contratos de acceso a fármacos. Asimismo ayudará a los investigadores a proteger sus ideas. La puesta en marcha de la iniciativa, denominada MIHR ("Management of intellectual property in health R&D", gestión de propiedad intelectual en la investigación y desarrollo en salud), correrá a cargo de expertos en salud pública y propiedad intelectual de dos Estados miembros de la UE -Países Bajos y Reino Unido- y de expertos de Asia, África, Sudamérica y Norteamérica. MIHR será financiada por la Fundación Rockefeller de EEUU. La organización se dedicará en exclusiva a dos aspectos concretos que intervienen en el crecimiento de las disparidades entre los países desarrollados y en desarrollo en materia de accesibilidad de las tecnologías de salud: el hecho de que muchos productos nuevos se vendan a precios excesivos para muchos países en desarrollo y el que se dedique bastante más atención a los productos que necesitan los países más ricos. "Creemos firmemente en la promoción del respeto a la propiedad intelectual y en la gestión ingeniosa de ésta como herramienta de transferencia de los productos de salud que necesitan las personas menos favorecidas de los países en desarrollo. También confiamos en ser un motor de debate legítimo en torno a los aspectos importantes que rodean a la propiedad intelectual en este mundo en rápida evolución", ha declarado el doctor Ramachandran, antiguo máximo responsable de la Secretaría de Biotecnología del Ministerio indio de Ciencia y Tecnología. MIHR se centrará en un principio en tres áreas de trabajo: determinación y tipificación de buenas prácticas de licencia para cumplir los objetivos del sector público, suministro de formación en gestión de propiedad intelectual a científicos, universidades y centros de investigación en beneficio del sector público de los países desarrollados y de los países en desarrollo, y prestación de servicios de consultoría a grupos dedicados, en ambos mundos, a la investigación y desarrollo de productos. De lo que se trata es de que la iniciativa beneficie, lo mismo en los países en desarrollo que en los desarrollados, a las instituciones de I+D necesitadas de asistencia en cuanto a fundamentos de las transacciones de propiedad intelectual, así como a los programas internacionales de I+D que precisen asesoramiento.