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Hay que reducir la "divisoria digital", afirman los ministros

La Administración, el sector privado y la sociedad civil deben colaborar en el desarrollo y ejecución de estrategias electrónicas para reducir la amenaza de una "divisoria digital" entre los "ricos" y los "pobres" de la tecnología. Así lo señalaron los participantes en una reu...

La Administración, el sector privado y la sociedad civil deben colaborar en el desarrollo y ejecución de estrategias electrónicas para reducir la amenaza de una "divisoria digital" entre los "ricos" y los "pobres" de la tecnología. Así lo señalaron los participantes en una reunión de ministros de la UE, América Latina y el Caribe sobre la sociedad de la información, celebrada en Sevilla (España) los 26 y 27 de abril de 2002. Los ministros afirmaron la necesidad de concretar acciones que redujeran la amenaza que plantea a la cohesión social la existencia de una brecha entre países, regiones y comunidades con o sin acceso a las nuevas tecnologías. "Los participantes creen que la sociedad de la información no llegará a la plenitud mientras persista una divisoria digital entre quienes tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y quienes carecen de él. Debido a ello, acuerdan proponerse como objetivo común el establecimiento de una sociedad de la información democrática e incluyente", sostiene la declaración de Sevilla. Los participantes recalcaron los beneficios potenciales del avance en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluidas la aparición de nuevos recursos de información, la aceleración del comercio y una mayor transparencia en el sector público. Dirigiéndose a la reunión, el comisario de Empresa y la Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, hizo hincapié en el papel decisivo de las tecnologías de la información en la mejora de los derechos humanos y la garantía de transparencia democrática. "El acceso a las TIC es esencial para mantener a los ciudadanos informados acerca de las leyes y los derechos, y por lo tanto, constituye un paso más en el camino de la garantía de la gobernanza y los derechos humanos. A su vez, esto sirve de base para la estabilidad social y económica", señaló. El comisario Liikanen dijo también que las tecnologías debían considerarse como "una herramienta, y no una gratificación de desarrollo", ya que ayudan a reducir las desigualdades sociales y económicas, y apoyan la creación sostenible de riqueza. Sin embargo, recalcó que "sin una política pública adaptada a ellas, las nuevas tecnologías podrían convertirse en una nueva fuente de exclusión, antes que en una herramienta de progreso". La declaración de la reunión de ministros también acentúa la importancia de un enfoque estratégico coordinado, lo cual exige que la Administración, el sector privado y la sociedad civil colaboren en la elaboración y aplicación de estrategias electrónicas. Éstas tienen que incluir la creación de un marco legal y reglamentario estable para la investigación, la competencia y la innovación, y el desarrollo de infraestructuras y servicios que lleven los beneficios de la sociedad de la información a todos los ciudadanos. Los participantes también acogieron con beneplácito la puesta en marcha del proyecto de colaboración @LIS (Alianza para la sociedad de la información) de la Comisión Europea, entre la UE, América Latina y el Caribe. La iniciativa ayudará a generar un diálogo abierto en torno a estrategias electrónicas, según los ministros, y al mismo tiempo apoyará el desarrollo de políticas y de marcos reglamentarios, e impulsará la cooperación. Los participantes también acordaron que la Cumbre mundial sobre la sociedad de la información, programada para diciembre de 2003, ayudaría a constituir una perspectiva común del futuro y una mejor coordinación de las actividades. Se manifestó interés por celebrar una reunión de seguimiento sobre la iniciativa @LIS en el plazo de dos años, para evaluar la orientación del proyecto y tomar en consideración el resultado de la Cumbre mundial de 2003. La declaración finalizó con una invitación a la ministra española de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, a presentar la declaración en la Cumbre de Madrid de mayo de 2002.

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España

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