Debate sobre los organismos modificados genéticamente en Europa
Más de trescientos científicos y grupos de presión ecológicos de España han firmado una petición en la que instan al gobierno a prohibir el cultivo de organismos modificados genéticamente. Los signatarios, científicos de universidades y centros de investigación españoles, entre los que figura el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), y grupos ecologistas, denunciaron los «peligros y los impactos de introducir [cultivos transgénicos] en el medio ambiente y en nuestros platos» y pidieron al gobierno español que adopte medidas para erradicar los cultivos de su territorio. «Se trata de una tecnología que está destruyendo la biodiversidad, y que fue consecuencia de la industria militar. Es lamentable que España esté actuando como vector para introducir estos cultivos en Europa, siendo un país rico en biodiversidad», comentó al periódico El Mundo Eugenio Reyes, investigador en el Jardín Botánico de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente España cultiva 75.000 hectáreas de organismos modificados genéticamente, convirtiéndose así en el mayor cultivador de Europa, seguido de Francia con 22.000 hectáreas. La petición se ha presentado sólo días después de que Francia decidiera acogerse a una cláusula de salvaguardia de la UE para prohibir una cepa de maíz transgénico después de que un organismo de control presentara sus dudas sobre el producto. El cultivo en cuestión, MON 810, es una variedad de maíz desarrollada por el gigante de la biotecnología Monsanto, de Estados Unidos. Se ha modificado el genoma de la cepa que contiene un gen que produce una toxina que le permite defenderse del piral del maíz que, a menudo, destruye las cosechas de maíz en toda Europa. La decisión se tomó después de que la Alta Autoridad provisional de Francia sobre los organismos modificados genéticamente presentara las conclusiones de su estudio sobre el efecto del cultivo MON 810 en la salud y el medio ambiente. El comité, compuesto por quince expertos científicos, anunció que tenía «serias dudas» sobre los cultivos modificados genéticamente tras el descubrimiento de «nuevos hechos científicos relacionados con un impacto negativo sobre la flora y la fauna». Entre estos «nuevos hechos científicos» se encuentran la polinización cruzada de los campos modificados genéticamente y de los no modificados genéticamente a nivel local, y los efectos negativos en insectos y en una especie de lombrices y de microorganismos. Sin embargo, el día siguiente doce de los quince científicos de la Alta Autoridad discreparon con las conclusiones de la Autoridad, alegando que ellos nunca hallaron pruebas que sembraran dudas serias o justificaran consecuencias negativas en lo que respecta a los cultivos modificados genéticamente y, por tanto, criticaban el modo en que se habían expresado las conclusiones. Según la legislación comunitaria la Comisión Europea tiene sesenta días para decidir sobre la validez de las nuevas pruebas científicas descubiertas por el comité francés sobre los organismos modificados genéticamente. Si la Comisión considera que las pruebas obtenidas no son válidas, puede obligar al país a que levante la prohibición, a menos que se consiga una mayoría cualificada en contra de dicha decisión en el Consejo de Ministros. Alemania, Austria y Polonia ya han invocado anteriormente la cláusula de salvaguardia sin éxito, dado que la Comisión nunca ha confirmado sus solicitudes. Además, a pesar de sus repetidos intentos, los ministros de medio ambiente de la UE no han logrado alcanzar una mayoría cualificada a favor o en contra de las propuestas de la Comisión para levantar las prohibiciones nacionales. En octubre de 2007, el Ministro de Medio Ambiente portugués, Francisco Nunes Correia, afirmó que una mayoría de Estados miembros se oponía a que la Comisión les obligara a levantar dichas prohibiciones. Añadió que, «la propuesta de la Comisión todavía prevalece en contra de la voluntad explícita de un Estado miembro y eso es algo que ha de darnos un respiro para reflexionar». El siguiente paso será que todos los Comisarios debatan acerca de los organismos modificados genéticamente a principios de febrero de 2008 para clarificar la posición política de la UE sobre este tema.
Países
España, Francia