Protección jurídica de los servicios de acceso condicional
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de una Directiva sobre la protección jurídica de los servicios de radiodifusión televisiva y sonora y de la sociedad de la información que se ofrecen al público a través de un sistema de acceso condicional. Tales servicios incluyen televisión de pago, videoprogramas a petición, música a petición, edición electrónica y una amplia gama de otros servicios en línea. De ser adoptada por el Consejo de Ministros y por el Parlamento Europeo (procedimiento de codecisión), la Directiva requerirá que los Estados Miembros dicten las prohibiciones del caso e impongan sanciones apropiadas contra todas las actividades comerciales relacionadas con el acceso no autorizado a un servicio protegido, como pueden serlo la venta de decodificadores, tarjetas inteligentes o software piratas. También prohibirá a los Estados Miembros que invoquen motivos "antipiratas" para restringir el libre movimiento de servicios y dispositivos de acceso condicional lícitos procedentes de otro Estado Miembro. La propuesta no se ocupa del uso de codificación por razones de seguridad o confidencialidad. Forma parte de un conjunto de medidas relacionadas con el comercio electrónico previsto en el Plan de Acción del Mercado Unico y la comunicación sobre Comercio Electrónico de la Comisión. "Esta propuesta ayudará al comercio electrónico y a la sociedad de la información a concretar todo su potencial en el seno del Mercado Unico", comentó Mario Monti, comisario encargado del Mercado Unico, agregando: "Es fundamental proteger contra la piratería, al nivel del Mercado Unico, los servicios basados en el acceso condicional. Sin protección en toda la Unión Europea, los proveedores de servicios se resistirán a invertir en servicios de acceso condicional, una de las esferas más prometedoras del crecimiento industrial." La propuesta será presentada ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE para su aprobación bajo el procedimiento de codecisión. Una vez aprobada, la Directiva propuesta tendrá que implementarse antes de que transcurra un año.