La Comisión llevará a Francia a los tribunales debido a su imposición de precios en las telecomunicaciones
La Comisión Europea ha decidido llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para garantizar que los competidores de France Telecom no son objeto de discriminación a causa de la política tarifaria de este país .La decisión constituye la etapa final de la demanda jurídica iniciada en 1997 y sirve de continuación a una serie de iniciativas de la Comisión destinadas a garantizar una competencia limpia en un sector cuya liberalización se considera esencial para que las empresas europeas puedan competir de forma efectiva en Internet. Recientemente, el organismo ejecutivo de la UE anunció la imposición de varias medidas que obligaban a los operadores de las líneas telefónicas nacionales a permitir la competencia en sus redes y dio a conocer sus planes para simplificar las regulaciones relacionadas con las telecomunicaciones, con el fin de estimular la competencia.La acción emprendida contra Francia tiene que ver con su sistema de financiación de los costes netos de servicio universal, es decir, la prestación de servicios telefónicos a precios asequibles para todos. Francia es el único Estado miembro que ha puesto en práctica un sistema de esa naturaleza, aunque otros están considerando la posibilidad de adoptarlo.La Comisión ha subrayado que su intención no es poner en tela de juicio el principio de que Francia pueda contar con un sistema de financiación de los costes netos de servicio universal, algo que está permitido en el marco de la legislación comunitaria. La acción jurídica se debe, sin embargo, a la preocupación de que Francia no lo haya implementado de conformidad con dicha legislación. En especial, a la Comisión le interesa velar por que este sistema no imponga obstáculos a los nuevos participantes en el mercado a través de una excesiva carga económica.Aunque la Comisión considera que las autoridades francesas han hecho "considerables progresos" desde que se inició la demanda, advierte que la forma en que el servicio universal se calcula "no se ajusta a los principios de transparencia, objetividad y proporcionalidad". A la Comisión también le preocupa la falta de evidencias económicas y de contabilidad de la reestructuración de las tarifas.