El futuro marco regulador de las comunicaciones electrónicas
Los planes para el establecimiento de un marco regulador de las comunicaciones electrónicas, presentados por la Comisión Europea durante una audiencia pública celebrada los días 10 y 11 de mayo, tuvieron, en términos generales, una acogida calurosa por parte de los representantes de las industrias europeas de las telecomunicaciones e industrias afines, así como por las autoridades nacionales de reglamentación y las asociaciones de consumidores. Los delegados se mostraron especialmente satisfechos por la velocidad que ha adquirido el proceso. La Comisión espera que éste emule el éxito de la directiva de comercio electrónico, adoptada por el Parlamento Europeo a principios del mes en curso, pues ambos se designaron como prioridades absolutas durante la reciente cumbre del Consejo celebrada en Lisboa. La audiencia constituyó la última oportunidad para el debate de las propuestas, antes de que la Dirección General de la Sociedad de la Información prepare cinco directivas que, de ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, se convertirán en la piedra angular para el desarrollo de la posición europea en la Sociedad de la Información. El público tiene hasta el 19 de mayo para presentar, por escrito, sus propuestas y sugerencias, y el lanzamiento del marco regulador actualizado está previsto para junio. "El nuevo marco regulador para las redes y servicios de las comunicaciones electrónicas deberá reflejar la realidad de este dinámico sector", afirmó Erkki Liikanen, Comisario a cargo de las telecomunicaciones. "El Consejo Europeo de Lisboa destacó la importancia del proceso de Revisión de las Comunicaciones de 1999 y la necesidad de que se adopte e implemente, con rapidez, el nuevo marco regulador". "El objetivo de esta audiencia es continuar el debate, tomando como base las recientes consultas públicas, y ofrecer a las partes interesadas la oportunidad de que expresen sus opiniones sobre las cuestiones que se abarcarán en las propuestas legislativas de próxima aparición". En noviembre de 1999, la Comisión inició un proceso de consulta pública sobre el futuro del marco regulador de las comunicaciones electrónicas. En abril de 2000, se dieron a conocer sus resultados y se establecieron una serie de orientaciones clave relativas a la actualización del marco regulador, en las que se basaron los cinco documentos de trabajo que, después de haber sido puestos en Internet, se debatieron en la audiencia. Estos documentos abarcan el marco regulador general, la autorización de servicios, el acceso y la interconexión, el servicio universal, los derechos de los usuarios y la protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas. El objeto de las propuestas es simplificar los procedimientos jurídicos relacionados con el otorgamiento de licencias, pasando a un sistema que se base en la utilización de licencias generales para la autorización de todas las redes y servicios de comunicaciones. Los documentos tendrán muy en cuenta la legislación comunitaria sobre la competencia, basada en el concepto de la posición dominante, cuando los reguladores consideren que se deba controlar el comportamiento de empresas con un peso significativo en el mercado. Durante la apertura de la audiencia, Robert Verrue, Director General de la DG de la Sociedad de la Información, expresó su agradecimiento a los presentes por sus contribuciones pasadas y futuras. El Sr. Verrue planteó que, para no perder el ritmo que se le había dado al proceso durante la Cumbre del Consejo Europeo de Lisboa, la Comisión se estaba ajustando a un plazo muy estricto y tenía previsto presentar cinco directivas en junio: "Sabemos que nuestra agenda es muy apretada, pero los mercados y tecnologías de que se trata cambian con gran rapidez y no podemos dejar de reaccionar". "Creo que puedo afirmar que ésta es la primera vez que se ha llevado a cabo una consulta pública sobre textos en una etapa tan avanzada. Esto muestra lo que se puede hacer en estos momentos gracias a las comunicaciones electrónicas e Internet". El primer documento de trabajo "un marco regulador común para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas", lo presentó Andy May, de la DG de la Sociedad de la Información. El marco armonizado propuesto abarcaría todas las redes por satélite y terrestres, incluidas las fijas y las inalámbricas. El sistema sería supervisado, tomando en consideración las condiciones establecidas en la directiva, por autoridades nacionales de reglamentación imparciales e independientes, que estarían en la obligación de intervenir en los casos en que se considere que determinados operadores cuenten con un peso significativo en el mercado. La Comisión establecerá pautas que ayuden a dichas autoridades en la definición de los mercados y en la evaluación del nivel de competencia, así como a la hora de decidir si tendrán que intervenir o no. Algunos tipos de mercados, de conformidad a la definición de la Comisión, justificarían una intervención reguladora ex ante y, en estos casos, las autoridades nacionales de reglamentación podrían no imponer obligaciones. Se debatió la definición de lo que constituiría un peso significativo en el mercado y se expresaron dudas acerca del grado de independencia que podían tener las autoridades nacionales de reglamentación, pero, en general, los participantes se mostraron satisfechos de que quedaría en claro la relación con la legislación relativa a la competencia. El segundo documento de trabajo presentado "acceso a las redes de comunicaciones electrónicas e instalaciones afines y su interconexión" tiene por objeto garantizar que, durante un período de convergencia de las tecnologías y los servicios y de gran crecimiento mercantil, el mercado para los servicios de las comunicaciones electrónicas continúe desarrollándose, de manera tal que estimule la innovación, la competencia y la libertad de elección de los usuarios. La legislación relativa a la competencia se adoptará como el método principal de regulación del mercado de las comunicaciones electrónicas, sin embargo, en la etapa de transición, algunas normativas ex ante específicas del sector seguirán siendo adecuadas, en especial para los casos en que los antiguos monopolistas continúen suministrando la mayoría de las conexiones, obstaculizando así la competitividad del mercado. Los debates se centraron en la aplicabilidad de tales condiciones y en la determinación del enfoque regulador adecuado. Se acordó que las regulaciones deberían ser específicas para el problema de que se trate, proporcionadas y que no deberían mantenerse más allá del tiempo necesario. El objetivo general será ofrecer una seguridad jurídica a los actores del mercado, mediante el establecimiento de criterios claros para la intervención. El tercer documento de trabajo, "autorización de las redes y los servicios de las comunicaciones", propuso una mayor armonización y simplificación de las normas nacionales de autorización, sobre la base de los comentarios recibidos en cuanto a la revisión de 1999. En estos momentos, un mosaico de 15 sistemas nacionales - cada uno con sus propias categorías de licencias, condiciones, procedimientos y tarifas - regula la entrada al mercado de los proveedores de servicios de comunicaciones. La Comisión, basándose en resultados de investigación que muestran que otros métodos menos complicados son tan o más efectivos para fomentar la competitividad del mercado, ha propuesto un modelo regulador más simplificado, consistente en un sistema de autorización único a nivel europeo. El cuarto documento de trabajo "servicio universal y los derechos de los usuarios relacionados con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas" tiene por objeto alcanzar un equilibrio entre las obligaciones relativas al servicio universal, los intereses y derechos de los usuarios y consumidores, y los servicios obligatorios, con el fin de garantizar la disponibilidad de servicios de comunicaciones electrónicas de óptima calidad en el ámbito comunitario, a través del establecimiento de normas contractuales y de regulaciones relativas a la calidad de los servicios y a la transparencia de la información disponible. Se debatió hasta qué punto era aconsejable la regulación y la opinión general se mostró a favor del objetivo de garantizar la calidad de los servicios, según las condiciones nacionales, a precios asequibles y competitivos. El último documento de trabajo "procesamiento de datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas", busca garantizar un alto nivel de protección de los datos personales y de la intimidad, independientemente del tipo de tecnología que se utilice. De adoptarse, este documento sustituirá a la directiva actual sobre el procesamiento de datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. El objetivo no es introducir grandes cambios, sino adaptar las disposiciones vigentes a los avances tecnológicos recientes, por lo que se deberán desarrollar nuevas definiciones de los tipos de datos que requieran protección (por ejemplo, los datos de localización que puedan revelar la posición geográfica de los usuarios móviles). El documento incluye disposiciones que permitirían a los abonados controlar el procesamiento de sus datos y determinar si desean o no que su información aparezca en directorios públicos. Durante la audiencia, se expresaron algunas preocupaciones sobre las propuestas para bloquear las comunicaciones no solicitadas. En general, hubo menos consenso sobre este documento y algunos de los participantes solicitaron más tiempo para considerar cómo las nuevas tecnologías podrían afectar el procesamiento de datos. En la sesión de clausura, Nickolas Argyris, Director del Servicio de Comunicaciones de la Sociedad de la Información, manifestó su satisfacción por algunas de las contribuciones realizadas durante los debates y afirmó que la calidad de éstos incidirá en la de las directivas propuestas. Recientemente, la Comisión también adoptó una recomendación para los reguladores nacionales, relacionada con la liberalización del bucle local, que estimula a los operadores locales a abrir sus redes a la competencia, en especial los pocos metros finales de cable que sirven de enlace entre los abonados y la central más cercana. Se espera que esta medida se traduzca en precios más bajos de acceso a Internet, lo que constituiría un gran incentivo para la iniciativa eEurope de la Comisión.