La Comisión puede ayudar a los países candidatos a ser más innovadores, recomienda un informe
Un informe encargado por la DG de Empresa de la Comisión Europea ha recomendado que la Comisión y seis países candidatos trabajen juntos en una serie de políticas que mejoren el avance de la innovación en dichos países. Está previsto que el proceso de ampliación se inicie durante 2003, y cada vez es más importante que los países candidatos logren crear y ejecutar numerosas políticas, incluida la política de innovación. Por este motivo en mayo de 2000 la DG de Empresa encargó un estudio sobre política de innovación en seis países candidatos. Los países en cuestión son la República Checa, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría y Polonia, y el objetivo del estudio era "examinar y analizar las condiciones del marco actual con respecto a determinados temas de la innovación en estos países." Las opciones políticas propuestas por los redactores del informe (dos institutos de investigación económica, una escuela de estudios eslavos y de Europa Oriental, y una red de expertos nacionales) tratan de promover una cultura abierta a la innovación y la creatividad, y de colocar la innovación en el núcleo de las futuras reformas del entorno jurídico y reglamentario. También aspiran a incrementar el número de empresas más pequeñas que sean innovadoras, reforzar la difusión de los conocimientos y la tecnología en la economía, e implantar un proceso de elaboración de políticas que permita crear una política de innovación. El informe destaca una serie de elementos que los redactores consideran como obstáculos a la innovación: las barreras financieras a la asunción de riesgos, la inexistencia de inversiones exteriores directas en empresas locales, sistemas educativos y formativos que no fomentan la creatividad ni la flexibilidad, una escasa demanda de investigación y desarrollo (I+D) por parte de los sectores empresariales, la insuficiente coordinación entre las agencias de financiación y las que elaboran las políticas, e inexistencia de consultas entre la Administración y las empresas. Con objeto de promover una cultura abierta a la innovación y la creatividad el informe recomienda que los países candidatos desarrollen programas que divulguen las técnicas de gestión de la innovación, fomenten la conducta innovadora mediante la concesión de premios, y constituyan foros que sirvan de enlace entre las empresas y los organismos de formación. Por otra parte, se invita a la Comisión Europea a garantizar que la encuesta del Innobarómetro incluya a los países candidatos con el propósito de estimular el debate público, lanzar una serie de estudios en profundidad y promover un premio especial a la innovación en las empresas de los países candidatos, que se otorgue en una manifestación importante, a la que asistan los medios de comunicación. La innovación tiene que formar parte del núcleo de las futuras reformas del entorno jurídico y reglamentario, estableciendo un procedimiento de revisión que evalúe el influjo de la legislación sobre la innovación empresarial en los países candidatos, aprovechando las mejores prácticas europeas, investigando el grado en que los derechos de propiedad intelectual (IPR) son un elemento disuasorio para la investigación industrial, y estudiando la introducción de incentivos fiscales a las empresas que realicen I+D o contraten personal investigador. La Comisión debería tomar medidas paralelas a éstas, y apoyar a los países candidatos en el establecimiento de programas de acción financiados que afronten los principales obstáculos a la innovación empresarial. El informe señala la inexistencia de pequeñas empresas innovadoras en los países candidatos estudiados, y en consecuencia, recomienda reforzar o crear fondos de capital semilla y de capital riesgo, reducir los riesgos financieros, posiblemente a través de la introducción de fondos de garantía, y aumentar la financiación de cursos sobre gestión de la innovación. También propone que la Comisión investigue la posibilidad de desarrollar una iniciativa específica a favor de las empresas de nueva creación de alta tecnología en los países candidatos. El refuerzo del conocimiento y de la difusión de tecnología debe afrontarse concediendo a las pequeñas empresas un mayor acceso a los organismos de investigación con financiación pública, afirma el informe. También recomienda que las subvenciones a la investigación pre-competitiva se modifiquen con objeto de insistir más en la explotación de los resultados, y que se introduzcan iniciativas para fomentar los agrupamientos de industrias. El informe recomienda que la Comisión colabore con este proceso apoyando acciones preparatorias que posibiliten la constitución de centros de excelencia y la identificación de proyectos específicos de investigación sobre tecnologías básicas de fabricación. Por último, los redactores del informe hacen referencia al desafío consistente en establecer un proceso de elaboración de políticas que incluya la instauración de una política de innovación. Esto puede llevarse a cabo efectuando una encuesta sobre la innovación en los países candidatos, que en opinión del informe debería someterse a una comparación con el cuadro de indicadores de la innovación en la Comunidad. La Comisión tiene que brindar asistencia técnica a los países candidatos y crear una task force de la que formen parte los representantes de Eurostat y de las oficinas nacionales de estadística con objeto de facilitar la coordinación de dicha actividad. También deben establecerse unidades de política de innovación que controlen y evalúen los actuales instrumentos y estructuras que promueven la innovación o el desarrollo tecnológico. La Comisión también puede ayudar mediante la aportación de financiación previa a la adhesión destinada a acciones piloto que surjan de las iniciativas regionales de innovación ejecutadas en los países candidatos. Aunque el informe declara que, "en sentido amplio, los resultados de este estudio indican que no puede considerarse que ninguno de los seis países candidatos haya desarrollado una política de investigación en sentido estricto", y que "valorar la eficacia de las estructuras de apoyo a la innovación no parece constituir una prioridad para los gobiernos de los [seis países candidatos]", se reconocen los esfuerzos realizados por cada país. Se afirma que Hungría se encuentra "un poco más adelantada que los otros países", debido a la gama de instrumentos que han sido financiados a lo largo de muchos años. Se recalcó que Estonia posee una conciencia relativamente elevada acerca de las prioridades de la innovación, y una agencia de ejecución sólidamente establecida. Desde 1999 se han introducido asimismo numerosas iniciativas nuevas con objeto de promover la innovación y la sociedad de la información. Tanto Polonia como Eslovenia han llevado a cabo encuestas sobre la innovación en el sector empresarial, y en época reciente la República Checa ha reorientado su política de investigación con objeto de conceder un mayor apoyo a las relaciones entre investigación e industria. Las iniciativas que se han efectuado en Chipre se han producido hasta ahora a una escala relativamente reducida. En los países candidatos también ha existido una adecuada implantación de la certificación correspondiente a la Organización Internacional de Normalización (ISO). En Hungría, Eslovenia y la República Checa se ha logrado un alto porcentaje de penetración, y la tasa media de crecimiento en todos esos países resulta superior a la de la UE en la segunda mitad del decenio de 1990.