Un informe revela la enorme brecha entre los actuales y los nuevos Estados miembros sobre el avance de los objetivos de Lisboa
Un informe publicado por la Confederación de empresas suecas ha desvelado la diferencia que existe entre los actuales y los nuevos Estados miembros de la UE con relación al cumplimiento de los objetivos de Lisboa, si bien sugiere que las diferentes actitudes de los dos bloques podría hacer que los nuevos Estados miembros alcanzarán a sus homólogos para el año 2010. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron en 2000 adoptar medidas dirigidas a convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo para 2010. Se sabe sobradamente que, aunque se ha avanzado en algunas áreas, la UE en su conjunto todavía se encuentra lejos de su objetivo. "En tanto en cuanto los Estados miembros se alejen de las normas y las medidas comúnmente acordadas, y el Parlamento Europeo y el Consejo bloqueen las propuestas de la UE, la credibilidad de la Estrategia de Lisboa está destinada a perderse," declara el informe sueco. El documento pone de manifiesto el largo camino que los nuevos miembros tienen que recorrer antes de alcanzar a los actuales Estados miembros, si bien señala la rapidez con la que se ha llevado el proceso de reforma, desde el comienzo de las negociaciones para la adhesión. "También es evidente que los nuevos Estados miembros están tomándose en serio la estrategia de Lisboa. Quién sabe, quizás podrían adelantar a muchos de los Quince para 2010," expone el informe. La Confederación de empresas suecas señala cinco prioridades clave a nivel empresarial: el valor de la empresa; el establecimiento de un mercado interior eficiente; la competencia y la bajada de impuestos; la creación de un creciente mercado laboral flexible; y el fomento de la renovación estructural y tecnológica. En cuanto al estímulo de la renovación tecnológica, el informe apunta a la inversión en tecnología de la información y las comunicaciones y a la biotecnología como factores muy importantes, y destaca el valor de un sistema de derechos de propiedad intelectual bien desarrollado y funcional. "Los Estados miembros que, por causas nacionales están bloqueando la aprobación de una patente comunitaria que pueda cumplir con las necesidades de los usuarios, y que sea competitiva dentro de un contexto mundial, tienen que volver a considerar sus posiciones," afirma la Confederación de empresas suecas. Si no se ponen de acuerdo sobre un sistema que cubra las necesidades de la industria y la competitividad de la UE, "Europa y su industria estarían mejor sin él", añade. Las cifras sobre empleo en el sector de la fabricación de alta tecnología ilustran el tamaño de la economía de alta tecnología en cada uno de los países. Irlanda se sitúa claramente a la cabeza de la clasificación, con cerca del 20 por ciento de los empleos de manufacturación en las industrias de alta tecnología. La lista casi que podría dividirse en dos, con los actuales Estados miembros de la UE en la mitad superior, y los nuevos miembros a la zaga. Aunque, existen excepciones en ambos grupos. Hungría tiene una industria de fabricación de alta tecnología, y ocupa el segundo lugar después de Irlanda en términos de índice de empleo en el sector. Por otra parte, España, Grecia y Portugal ocupan las tres de las cinco últimas posiciones de la clasificación. La tabla que ilustra la presentación de solicitudes de patentes ante la Oficina Europea de Patentes en 2001, ofrece una imagen similar. Suecia se sitúa a la cabeza, con más de 350 solicitudes presentadas por millón de habitantes, y precede a 11 de los Estados miembros. Eslovenia desbanca de la mitad superior de la lista a España, mientras que Grecia y Portugal se sitúan mucho más por debajo. Aunque el informe describe los desafíos de los nuevos miembros como "numerosos", la Confederación de empresas suecas se muestra optimista, y cita el nivel educativo relativamente alto de la mayoría de los países como un factor positivo. Los obstáculos al crecimiento siguen siendo el legado de viejas inversiones empresariales, el daño al medio ambiente y una administración pública pobre.