Un informe destaca los beneficios de la información sobre capital intelectual para las PYME
La incorporación de información sobre el capital intelectual en las memorias anuales es una herramienta útil para la inversión financiera de las pequeñas y medianas empresas (PYME) con gran intensidad de investigación. Como tal, debería pasar a formar parte integrante del arsenal informativo de la empresa. Así lo indica un grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea. El informe titulado "Reporting intellectual capital to augment research, development and innovation in SMEs (RICARDIS)" (Información sobre capital intelectual para potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación en las PYME) es obra de un grupo de expertos constituido por la Comisión para proporcionar una definición del capital intelectual y las razones de su importancia para las PYME con alta intensidad de investigación. El informe emite recomendaciones sobre cómo ayudar desde la Comisión a los Estados miembros a desarrollar directrices prácticas y estimular la publicación de información de capital intelectual por parte de las PYME. El informe define el capital intelectual como la "combinación de los recursos y actividades humanos, organizativos y relacionales de una entidad. Consta del conocimiento, competencias, experiencias y habilidades de los trabajadores, las actividades de investigación y desarrollo (I+D), las rutinas organizativas, procedimientos, sistemas, bases de datos y derechos de propiedad intelectual, así como de los recursos ligados a las relaciones exteriores con clientes, proveedores y socios de I+D". Esta definición reviste especial relevancia para las PYME de alta intensidad de investigación, cuyas actividades, desbordando la I+D, abarcan todo tipo de capital intelectual. Ahora bien, las PYME, en sus balances de situación y expedientes de financiación, suelen prescindir de estos recursos y capacidades "intangibles", que generan valor. Al contrario, la información presentada a menudo se limita a los datos financieros, excluyéndose los proyectos de innovación y los métodos de gestión. El informe achaca en parte a la incapacidad de valorar correctamente los activos de la empresa las dificultades que tienen las PYME para captar recursos económicos y obtener financiación de bancos e inversores. El documento recomienda que se incluya una declaración de capital intelectual a las tradicionales declaraciones financieras. El documento cumpliría dos funciones: como herramienta interna de navegación para desarrollar y asignar recursos, definir estrategias, establecer prioridades de actuación, vigilar el desarrollo de los resultados de las PYME y facilitar la toma de decisiones, por un lado, y estimular la comunicación de las PYME con las partes interesadas y, con ello, captar recursos económicos y humanos, y establecer contactos, por otro. Estas ventajas se ilustran en los estudios de casos que acompañan al informe. En uno de los estudios, se pidió a un grupo de inversores que confeccionara previsiones de ingresos y ganancias de una PYME, y emitiera recomendaciones sobre el capital de la compañía. Los inversores se repartieron en dos grupos. El primero recibió el informe anual completo con la declaración de capital intelectual; el segundo, una versión desprovista de la información no económica y no cuantificada. El estudio demostró que, si bien las proyecciones de los primeros analistas eran inferiores, su disposición a comprar acciones de la empresa era mayor. La causa está en que, a pesar de los límites de las proyecciones, una información completa ofrece mayor seguridad. El balance positivo beneficia a la empresa, tanto en términos de inversión como de contratación. La evidencia anecdótica adicional sugiere que las PYME han podido observar la resistencia de los gestores de fondos a tomar en serio la información de capital intelectual. Sin embargo, en las reuniones mantenidas con analistas y gestores de fondos resulta que éstos hacen nuevas preguntas y piden datos que ya se encuentran disponibles en las declaraciones de capital intelectual. Pues bien, aun cuando hay sobradas pruebas de los beneficios de la información de capital intelectual, las empresas están tardando en incorporarla en sus factores de evaluación. El informe atribuye esta carencia a la falta de conciencia y la ausencia de pautas de expresión del capital intelectual. Las directrices disponibles, añade, son específicas de circunstancias y culturas empresariales locales, y presentan diversidad de terminologías y metodologías. Además, son muy pocos los países europeos interesados en incorporar dicha información en los conceptos ordinarios de las memorias anuales de las empresas. En Alemania, por ejemplo, las normas contables recomiendan, sin dictar, que las empresas publiquen los datos de capital intelectual en sus informes de gestión. En Dinamarca, se solicita a las empresas que den cuenta de su capital humano, siempre que la información sea pertinente para la actividad económica. En Austria, la notificación de información sobre capital intelectual ya es obligatoria en la universidad. El informe indica que las autoridades de Australia y Japón se han dedicado a definir unas pautas y normas comunes aplicables a la información sobre el capital intelectual. En este sentido, el Gobierno australiano creó la "Society for Knowledge Economics" (Sociedad de economía del conocimiento), que incluye el Instituto de actuarios de Australia y Microsoft Australia. La entidad tenía como misión principal la elaboración de principios rectores sobre "ampliación de la gestión de resultados", relacionados con la gestión y notificación del capital intelectual. Por su parte, el Gobierno japonés propuso un nuevo modelo de notificación voluntaria del activo intelectual. La decisión de publicar un modelo japonés obedeció a la seguridad de "impactar en la tendencia mundial. Además, cabe la posibilidad de establecer una norma 'de facto'". A la luz de la evolución registrada en Japón y Australia, y con el fin de mantener el liderazgo europeo en este campo, el informe RICARDIS insta a Europa a tomar todas las medidas necesarias para estimular la integración de la información de capital intelectual en las PYME y desarrollar la normalización global de dicho conocimiento. Entiende que la Comisión Europea debe asumir el liderazgo de la formulación de pautas comunes que puedan adoptar los Estados miembros, cada uno a su ritmo y en distintos niveles. El grupo de expertos presenta a la Comisión Europea las siguientes recomendaciones para mejorar la localización, medición y notificación del capital intelectual: - constituir un grupo operativo europeo de adopción encargado de supervisar y facilitar el desarrollo de los procesos de información y gestión del capital intelectual en las PYME de alta intensidad de investigación, y proporcionar una plataforma de aprendizaje; - confeccionar una guía práctica de información sobre capital intelectual para las PYME con alta intensidad de investigación, bancos, inversores y mediadores de información; - emplear la información sobre capital intelectual como criterio de apoyo público; - utilizar la información de capital intelectual como herramienta de administración pública; - llevar a cabo investigaciones adicionales sobre la dinámica de los nuevos modelos empresariales y la importancia del capital intelectual; - constituir un grupo director de normalización internacional encargado de facilitar el desarrollo consensuado de taxonomías, indicadores y declaraciones de capital intelectual para uso de las PYME de alta intensidad de investigación, y ayudar a la definición de normas; - alentar a los bancos a formular nuevas modalidades financieras para las PYME basadas en la investigación.