Una encuesta revela la existencia de estrategias diversas en la comunicación de riesgos en toda la UE
Una encuesta realizada en los Estados miembros de la UE además de en otros seis países muestra que la práctica de la comunicación de riesgos varía ampliamente de unos países a otros. Los autores del informe, realizado a partir de la encuesta, reclaman la creación de un foro anual que sirva para intercambiar buenas prácticas en la materia. La comunicación de riesgos se considera entre los expertos como la base del proceso de gestión de riesgos. La Organización Internacional para la Normalización aprobó en 2002 una definición de la comunicación de riesgos en los siguientes términos: "el intercambio o uso compartido de la información sobre riesgos entre los responsables de la toma decisiones y otras partes implicadas". Para valorar si esta definición reflejaba la comunicación de riesgos en la práctica, el consorcio STARC (Stakeholders in Risk Communication - Interesados en la comunicación de riesgos), un proyecto que cuenta con el apoyo del VI Programa Marco (VIPM), realizó un sondeo en los 25 Estados miembros de la UE además de en otros seis países, Australia, Canadá, Japón, Noruega, Suiza y Estados Unidos, sobre sus usos y prácticas en relación a la comunicación de riesgos. En primer lugar se examinó si dichos países establecen algún tipo de requisito legal en relación a la comunicación de riesgos al público. Si bien en la mayoría de los países existen normas obligatorias en esta materia, una minoría no cuenta no obstante con tales disposiciones. El tratamiento que se sigue al respecto en Dinamarca resulta representativo. En este país cada autoridad es responsable en su área correspondiente de proporcionar al público la información necesaria en caso de crisis. El modelo danés pone especial énfasis en proporcionar información rápida y veraz tanto al público como a los medios de comunicación. Algunos países confían a los medios de comunicación la difusión de los avisos públicos de alerta. Por el contrario, unos pocos países (Alemania, Portugal y Suecia) basan sus marcos legales en la directiva Seveso II de la UE sobre control de riesgos inherentes a los accidentes graves. Esta directiva define las comunicaciones como el medio para transmitir información al público y lograr la interacción con las partes interesadas. Los autores del informe sugieren que basándose fundamentalmente en la directiva de la UE otros países deberían seguir ese ejemplo creando marcos legales específicos en este ámbito. La mayor parte de los países encuestados no obligan a las sociedades que cotizan en bolsa a incluir en sus informes anuales un estudio sobre evaluación de riesgos y sobre los medios que utilizan para su gestión. De entre los países que sí prevén dicha obligación la respuesta de Finlandia podría ser considerada como representativa. Finlandia obliga a sus industrias reguladas como, por ejemplo, las empresas de telecomunicación, suministro de energía, asistencia sanitaria, banca y seguros a proporcionar detalles sobre su comunicación y gestión de riesgos. En la provincia de Québec las industrias están obligadas a confeccionar para el público un inventario de riesgos y a presentarlo ya sea al gobierno municipal o provincial o a ambos de conformidad con la ley de protección civil de Québec. Prácticamente todos los encuestados manifestaron que las industrias de "riesgo" están obligadas a proporcionar al público una valoración de los riesgos a los que se enfrentan así como sus procedimientos para la gestión de estos. Austria, Estonia y Grecia son los únicos países que no cuentan con este tipo de normativa. Los encuestados señalaron como "industrias de riesgo" las correspondientes al sector químico, farmacéutico, nuclear, energético, y del gas y del petróleo, y a las comprendidas en la directiva Seveso II. De acuerdo con la encuesta, las disposiciones en materia de comunicación de riesgos forman parte en general de un plan global de gestión de riesgos. Tan sólo unos pocos países, Reino Unido, Finlandia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Eslovenia, cuentan ya o están en proceso de desarrollar planes autónomos de comunicación. Los autores del informe recomiendan la adopción de una combinación de directrices tanto genéricas como específicas. Como ejemplo de buenas prácticas se señala al Reino Unido, que incluye tanto planes específicos de comunicación de riesgos como consejos de tipo general. Muy pocos países disponen de una estructura comparable, señalan los autores. Si bien los resultados de la encuesta revelan determinadas tendencias comunes, las respuestas a determinadas cuestiones resultaron no obstante ser muy diversas. Un mismo número de encuestados indicó que la comunicación de riesgos comienza en tres etapas claramente diferenciadas: en las fases de evaluación y evaluación previa; tras la fase de evaluación, cuando se consideran las diferentes opciones de gestión de riesgos; y una vez se ha adoptado una determinada opción. Tras analizar las diferentes respuestas los autores del informe consideran la primera opción como mejor práctica, observando además que es a través de las consultas como las partes interesadas, incluido el público, pueden transmitir informaciones que de otro modo pudieran no llegar a conocerse, como en el caso de informaciones manejadas exclusivamente por los expertos. Cómo se señala en el informe, "es importante, naturalmente, que la decisión sobre cómo gestionar un determinado riesgo tenga en cuenta las opiniones y puntos de vista de las partes interesadas para que así la decisión adoptada pueda contar con una cierta aceptabilidad política y social". Efectivamente, el papel de las partes interesadas en la comunicación de riesgos es una de las cuestiones importantes que se abordan en la encuesta, que dedica a este tema una amplia sección. En concreto se les preguntó a los encuestados si habían tenido en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas y si sus comentarios se habían hecho públicos. Aunque casi todos ellos manifestaron agradecer los puntos de vista tanto de las partes interesadas como de las organizaciones de la sociedad civil, tan sólo nueve países declararon que sus planes contenían disposiciones específicas destinadas a identificar a estos actores. En cuanto a la cuestión de hacer pública la opinión de las partes interesadas, la mitad de los encuestados manifestaron que sus planes de gestión de riesgos incluían disposiciones que preveían la publicación de las consultas públicas sobre determinados riesgos concretos. Según los autores del informe, el establecimiento de vínculos más estrechos con las partes interesadas no debería ser percibido como una necesidad de tipo burocrático, sino como un medio para reforzar la gestión de riesgos en general y la aceptación de una determinada decisión sobre cómo gestionar un riesgo concreto. Para ellos, "animando activamente a todas las partes interesadas a participar evitaremos el riesgo de que sólo alguna de las partes implicadas con intereses muy concretos consigan que la reglamentación se centre especialmente en sus intereses específicos". Dadas las diferencias existentes en cuanto a prácticas y estrategias en la comunicación de riesgos, el informe recomienda la creación de un foro estructurado para los Estados miembros de la UE en el que estos puedan intercambiar puntos de vista sobre buenas prácticas. Como se señala en el informe, "no consideramos ni práctico ni deseable forzar una armonización de las prácticas en la comunicación de riesgos en los Estados miembros; sin embargo un intercambio de experiencias sobre qué es lo que ha funcionado y lo que no, y en qué situaciones supondría presumiblemente una mejora en la comunicación de riesgos, y en las consultas a las partes interesadas, así como una mejor coordinación, tanto en sentido horizontal como vertical, en especial entre los diferentes gobiernos". El informe señala a continuación que a pesar de que Europa cuenta ya con un buen nivel de experiencia y conocimiento en materia de comunicación de riesgos, la existencia de un foro de estas características serviría para aprovechar la experiencia y conocimientos de otros países de fuera de la UE como Australia y Canadá. El informe termina recomendando la puesta en marcha por parte de Comisión Europea de un foro de expertos en gestión de riesgo y profesionales de la comunicación de riesgos que incluya, aunque no de forma exclusiva, a los gobiernos, y sugiere asimismo se invite a representantes de las industrias "de riesgo" de similares características profesionales a participar en el mismo.