Cuestionan la efectividad de una nueva Directiva sobre la energía renovable
Las emisiones de dióxido de carbono a partir de la generación de electricidad en los Estados miembros de la UE podrían aumentar, si se adopta, en su forma actual, una Directiva relativa al fomento de tecnologías de energías renovables, según advirtieron la Royal Society y la Royal Academy of Engineering, en un informe publicado el 10 de noviembre. La Directiva propuesta está siendo considerada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. Los diputados europeos la someterán a votación antes de fin de mes. Esta Directiva constituye un componente esencial de la estrategia de la Unión Europea para cumplir con los objetivos de Kyoto relativos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ella, se establecen determinadas metas para cada Estado miembro, con vistas a que optimicen sus fuentes de energía renovable, de manera que de éstas provenga, para 2010, el 22,1 por ciento de la electricidad generada en la UE. Sin embargo, entre las opiniones presentadas al grupo de trabajo conjunto, se sugirió que por lo menos uno de los Estados miembros tal vez no pueda cumplir con la meta. La mayoría de los comentarios coincidieron en que, de manera preocupante, el marco de instrumentos económicos podría impedir que la industria de energías renovables se desarrolle al ritmo necesario para que el Reino Unido pueda alcanzar su meta del diez por ciento antes de 2010. Por otro lado, un portavoz de la DG de Energía y Transporte recalcó que cualquier intento por parte de los Estados miembros de alcanzar una mayor eficacia energética sería recibido con beneplácito. "Un defecto de la Directiva es que la meta para la obtención de energía renovable no se establecerá como parte de un límite global de la cantidad de dióxido de carbono que la generación de electricidad pueda producir", planteó Sir Eric Ash, presidente del grupo de trabajo a cargo de la preparación del informe. "Somos de la opinión [...] que la UE necesita estabilizar la situación mediante la introducción, en los próximos cinco años, de un impuesto en todos los Estados miembros sobre las emisiones de dióxido de carbono a partir de combustibles primarios". Otra crítica que se hace a la estrategia comunitaria es que no estimula la utilización de fuentes alternativas de energía, por ejemplo, de grandes sistemas hidroeléctricos, de energía obtenida a través de desechos o de energía nuclear "que puedan utilizarse para sustituir a los combustibles fósiles, sin emisiones de gases de efecto invernadero o con emisiones mínimas". "Sin duda, la adopción de esta Directiva no bastará para alcanzar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono necesaria para cumplir con los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto o lograr reducciones más ambiciosas a largo plazo", afirmó Sir Eric. "Como medida adicional, recomendamos que se dedique más financiación a la investigación sobre el potencial de la captura de dióxido de carbono, por ejemplo en los depósitos geológicos profundos". Sin embargo, un portavoz de la DG de Energía y Transporte puso énfasis en que la Directiva en cuestión tiene por objeto fomentar la energía renovable solamente en el mercado de electricidad y por ese motivo no abarca temas relacionados con otras fuentes energéticas. La Comisión está enfrascada en la preparación de un Libro Verde sobre todo el espectro de las cuestiones relativas a la energía renovable, incluida la nuclear. La industria nuclear se está promoviendo como una alternativa al empleo de combustibles fósiles. Estos comentarios tienen lugar precisamente cuando los representantes de más de 150 gobiernos y de la UE debaten el problema de las emisiones dañinas y su impacto sobre el cambio climático, en la sexta sesión de la conferencia de los partidos (Cop6), que se celebra en estos momentos en La Haya, Países Bajos. Se espera que la convención acelere la firma del Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997. Este protocolo especifica una serie de metas para disminuir las emisiones, que deberán alcanzarse entre 2008 y 2012. El Protocolo alienta a los gobiernos a cooperar entre sí, mejorar la eficacia energética, introducir reformas en los sectores de energía y transporte, promover los tipos renovables de energía, eliminar progresivamente las medidas fiscales inadecuadas y las imperfecciones mercantiles, limitar las emisiones de metano de la gestión de desechos y los sistemas energéticos, y proteger a los bosques y otros "recipientes" de carbono. Para la UE, el objetivo primordial de Cop6 es garantizar que se tomen medidas que permitan a las diferentes partes dar comienzo al proceso de ratificación del Protocolo y proteger la integridad medioambiental y credibilidad de éste. Las credenciales medioambientales de la Comisión se ven confirmadas por su intención de utilizar la convención para velar por que los países industrializados den los pasos necesarios para reducir las emisiones, mediante el otorgamiento de un papel primario a las políticas y medidas internas, el establecimiento de un régimen fuerte y exhaustivo para supervisar el cumplimiento del Protocolo por parte de sus signatarios, que incluiría la imposición de penalidades efectivas, con un claro impacto económico, a los países industrializados que no alcancen sus metas de reducción de las emisiones y no ayuden a los países en desarrollo a cumplir con sus compromisos en el marco de la Convención.