Los académicos opinan sobre las reglas de participación en el VIPM
UNITE, el equipo internacional de expertos universitarios, presentó un documento con su opinión sobre "las reglas de participación en el VI Programa Marco (VIPM)", donde aplauden la mayor libertad que se les da a los participantes en proyectos, pero piden que se establezcan límites a ésta. UNITE está integrado por negociadores universitarios europeos, que en otras ocasiones han ofrecido asesoramiento, por invitación de la Comisión Europea, sobre las modalidades de los programas marcos, empezando por las negociaciones del IIIPM. En el documento se plantea que podrían presentarse inconsistencias, si se le da a los funcionarios de la Comisión a cargo de los proyectos la libertad de definir las reglas de implementación práctica a nivel de programa y de proyecto. "[Hay] una gran ventaja en el sentido de que los funcionarios de la Comisión pueden adaptar los proyectos/redes a las necesidades de la Comisión y de los socios, pero [podría presentarse] la grave desventaja de que se lleven a cabo decisiones inconsistentes relativas a los diferentes proyectos y programas, es decir, que se apliquen reglas que no aparezcan en ningún documento jurídico. Sobre todo, existe la posibilidad de que ocurran cambios por sorpresa de las condiciones durante la vida útil de un proyecto", señala el documento. UNITE recomienda que se "escudriñe" la libertad de los funcionarios de proyectos de la Comisión y se añadan, a manera de restricción, criterios del tipo "en interés del proyecto". UNITE acoge favorablemente el hecho de que, de acuerdo a las propuestas del VIPM, los socios de los consorcios tengan la posibilidad de planificar, ejecutar y utilizar los resultados de sus proyectos. "De esta forma, los participantes pueden optimizar de muchas maneras diferentes el desarrollo del proyecto, sin verse restringidos por regulaciones comunitarias. Eso es bueno", dice el documento. El grupo de expertos opina que, sin embargo, esto podría crear dificultades con respecto a los derechos de propiedad intelectual y ser desventajoso para los participantes en proyectos más pequeños, como las pequeñas y medianas empresas (PYME). UNITE plantea que, mientras que las entidades mayores pueden "aprovechar sus amplios conocimientos sobre la financiación y los derechos de propiedad intelectual, las más pequeñas tienen que depender de asesoramiento externo". Por este motivo, explica UNITE, si se dejan muchas cuestiones abiertas para la negociación entre los socios potenciales, se hará lento el proceso de formar consorcios, preparar propuestas, negociar contratos e implementar proyectos. Además, se impondrían altos costes al asesoramiento a las PYME y se obstaculizaría la colaboración entre las universidades y la industria "mientras que consideran una y otra vez los mismos términos de negociación para cada proyecto", opina UNITE. El documento añade que, con esta nueva libertad, "las entidades mayores se impondrán [...] A la larga, será una victoria pírrica, un consorcio desequilibrado, donde los socios se sentirán traicionados". Los expertos también consideran que, para las entidades pequeñas que quieran participar, las negociaciones serán "largas y difíciles, incluso hasta el punto de no llegar a nada". Sobre la financiación, UNITE también aplaude la mayor libertad que se otorga a los consorcios y a los funcionarios de la Comisión, pero señala posibles repercusiones negativas de esta autonomía. El documento cuestiona la falta de detalles en las propuestas sobre los sistemas de costes permitidos: "La idea de dejar esto al nivel de contratos [...] no es aceptable, ya que podrá dar lugar a condiciones poco claras y hasta, quizá, a inconsistencias".