Los Estados miembros no aumentan la ayuda estatal a la I+D
La mayoría de los Estados miembros de la UE ha recortado la ayuda pública en la misma proporción que el PIB, y siguiendo las recomendaciones de la Comisión, ha asignado la ayuda estatal restante a objetivos "horizontales", que incluyen la investigación y el desarrollo (I+D). Sin embargo, según un nuevo cuadro de indicadores de la ayuda oficial publicado por la Comisión Europea, el porcentaje del PIB correspondiente a I+D apenas se modificó entre 1997 y 1999. La Comisión desea que esta segunda edición del cuadro de indicadores de la ayuda pública incremente la transparencia y aumente la conciencia de la necesidad de control de ese tipo de ayuda. Este control ha sido reforzado por la Comisión en los últimos años, garantizando de este modo que los Estados miembros sólo concedan ayudas que sirvan al interés común de la UE. En 1999 se otorgaron 79.000 millones de euros de ayuda pública en los Estados miembros, ayuda que según la Comisión posee un considerable efecto distorsionador de la competencia en el mercado interior. Basándose en las cifras de 1997 a 1999, el cuadro de indicadores muestra que la máxima ayuda a la I+D, como porcentaje del PIB, correspondía a Finlandia, con un 0,14 por ciento (país en el que también se incrementaba el gasto en I+D como porcentaje del PIB, con un 2,93 por ciento), seguida por Dinamarca y Austria, mientras que Grecia no dedicó ayuda estatal a las actividades de I+D, y el Reino Unido, Portugal e Irlanda sólo llegaban al 0,01 por ciento. Sin embargo, las cifras indican que la ayuda a la I+D como porcentaje del PIB habían cambiado muy poco en los 15 Estados miembros entre 1997 y 1999. El nivel de ayuda restante continuó siendo el mismo en nueve Estados miembros, cayó entre un 0,01 y un 0,02 por ciento en cinco de ellos, y aumentó un 0,01 por ciento en Luxemburgo. El gasto total en I+D como porcentaje del PIB sí se incrementó entre 1997 y 1999, y la mayor parte del dinero adicional procedía de las empresas, que aumentaron en conjunto su gasto en I+D dentro de la UE desde el 1,19 por ciento del PIB en 1997 hasta el 1,25 por ciento en 1999. Por término medio, las contribuciones de las Administraciones públicas cayeron del 0,28 por ciento al 0,27 por ciento, y la contribución de la educación superior permaneció constante, con un 0,39 por ciento. De manera global, los 11 Estados miembros manifestaron una tendencia descendente de la ayuda pública en relación con el PIB entre 1997 y 1999, y fue Portugal quien recortó al máximo la ayuda, en casi un uno por ciento. Doce Estados miembros modificaron su ayuda, aplicándola a objetivos horizontales, que incluyen la defensa del medio ambiente, el ahorro de energía y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, además de la I+D. Luxemburgo e Italia fueron los países que lo hicieron en mayor medida: la parte de la ayuda otorgada a objetivos horizontales de la UE, a diferencia de los objetivos regionales o sectoriales, se incrementó en más de un 20 por ciento. Determinado porcentaje de la ayuda que varió de objetivo se dirigió al empleo y la formación, y las PYME (pequeñas y medianas empresas) también se beneficiaron de ella. No se ha podido esclarecer cuál ha sido el impacto específico de la ayuda a la I+D. En el documento referente a los cuadros indicadores la Comisión señala que la eficiencia de la producción se ve influida por la I+D, pero que el nivel de solicitud de patentes y el crecimiento de la productividad de la mano de obra varían considerablemente entre los distintos Estados miembros, y al parecer no existe correlación alguna entre estos indicadores y el nivel de la ayuda a la I+D, de manera que los países con un nivel de I+D relativamente elevado no generan por fuerza una gran cantidad de patentes ni poseen una tasa elevada de aumento de la productividad de la mano de obra. La Comisión añade, empero, que la generación de patentes no es el objetivo primario de la I+D, y que el número de patentes depende del sector en el que se lleva a cabo la investigación. La Comisión recomienda que las futuras encuestas incluyan una gama más amplia de indicadores para obtener una perspectiva más adecuada sobre la relación entre la ayuda a la I+D y el rendimiento económico. La Comisión reconoce que la I+D es un ámbito que requiere ayuda pública ya que "las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar un nivel socioeconómico óptimo de actividad de investigación y desarrollo" y justifica el apoyo de la ayuda estatal a la I+D diciendo que, si bien las decisiones de inversión de las empresas están determinadas por los beneficios que les aporte la I+D, los beneficios totales de un programa de I+D pueden ser significativamente mayores para la sociedad debido a efectos de incidencia indirecta, por ejemplo la movilidad de los investigadores, las publicaciones y conferencias técnicas, y la documentación de las patentes. Además, la investigación que no conduzca directamente a nuevos productos no puede quedar protegida por patentes, de modo que no se produce un rendimiento de la inversión, y en particular, es probable que las pequeñas empresas y las empresas de nueva creación se esfuercen para financiar programas de investigación debido al elevado nivel de riesgo que las caracteriza. Estos elementos disuasorios hacen que las empresas realicen menos I+D de lo que sería deseable. En consecuencia, si bien la Comisión se muestra favorable a la ayuda pública a la I+D, no debe permitirse que distorsione la competencia y, por lo tanto, sólo se autorizará cuando sirva de incentivo para las empresas que realizan actividades de I+D además de sus operaciones normales cotidianas.