Un informe oficial define buenas prácticas en los países que buscan promover la innovación
En un estudio financiado por la Comisión Europea sobre el uso de incentivos fiscales para fomentar la innovación y la competitividad en Europa se hace hincapié en que los países con niveles inferiores de innovación favorecen el uso de medidas fiscales para potenciar la innovación tecnológica en todos los sectores de la economía. La redacción del informe "Corporation tax and innovation: issues at stake and review of European Union experiences in the nineties" (impuesto sobre sociedades e innovación: retos y análisis de experiencias de la Unión Europea en los años noventa), que se centra especialmente en Alemania, España, Francia y Reino Unido, obedeció al propósito de determinar buenas prácticas en materia de incentivos fiscales para la innovación y alimentar el debate en torno a las ventajas e inconvenientes de los regímenes fiscales para promover la innovación en las empresas. Del estudio se desprende que varios países europeos con alto grado de innovación, entre los que se incluyen Finlandia, Suecia y Alemania, en su búsqueda de apoyo a sectores tecnológicos clave recurren a estímulos financieros antes que a incentivos fiscales. "En aquellos países que ya muestran un alto gasto en innovación tecnológica, se desconsidera la opción de mantener incentivos fiscales y se teme que la introducción de éstos tenga un coste altísimo", según informan los autores del documento. "Los gobiernos de estos países prefieren dedicar sus recursos a desarrollar acciones específicas en determinadas industrias o tecnologías clave", explican. En el otro extremo, muchos países de la UE con niveles inferiores de innovación, como Portugal, España e Italia, suelen optar por programas genéricos de incentivos fiscales para promover un dilatado catálogo de actividades de innovación tecnológica con el fin de "estimular el dinamismo del conjunto de la actividad económica". Este planteamiento, en palabras de los autores del estudio, "tiene la ventaja de ofrecer a las empresas (esto es, el mercado) la oportunidad de definir qué sectores presentan las mayores opciones de éxito comercial". A modo de conclusión, el estudio deduce lo siguiente: "Los incentivos fiscales pueden servir como estímulo al gasto en un amplio abanico de actividades de innovación, dejando que las empresas elijan prioridades, mientras que los incentivos financieros tienden a concentrarse en determinadas prioridades previamente definidas por las autoridades". El estudio señala asimismo que entre todos los incentivos fiscales contemplados, los planes "basados en el volumen", esto es, los que engloban la totalidad del gasto correspondiente a una actividad determinada, resultan ser los menos complicados de administrar y los más fáciles de comprender y calcular desde las empresas. Valgan como ejemplos de "buenas prácticas" el crédito fiscal por I+D a las pequeñas y medianas empresas vigente en el Reino Unido, el crédito tributario español en favor de la adquisición de nuevas tecnologías de la información y el crédito fiscal francés diseñado para fomentar el registro de patentes y la incorporación de nuevo software. Por otra parte, el informe apunta las disparidades de definición y planteamiento de la innovación entre los Estados miembros. Así explica cómo las dificultades para definir actividades de innovación pueden suponer perderse la oportunidad de aprovechar medidas fiscales encaminadas a dinamizar la investigación del sector privado. Aun cuando el conjunto de los países de la UE cuenta con políticas de promoción de la innovación mediante incentivos financieros o fiscales, o una combinación de ambos, muchos limitan la definición fiscal a conceptos de investigación y desarrollo (I+D). Puede darse el caso de que la definición recoja conceptos que normalmente quedarían excluidos de la I+D, mientras que otros países atribuyen definiciones distintivas a actividades individuales de innovación. El informe señala a España como el único país cuya legislación fiscal proporciona una definición global del concepto de innovación, valiéndose de la definición de innovación tecnológica formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. "Este nuevo y novedoso enfoque aplicado al trato fiscal de la innovación ha hecho posible que las autoridades españolas dicten incentivos para varias actividades descartadas habitualmente por otros países", se informa en el estudio. El planteamiento español contribuye a potenciar la innovación, según manifiestan los autores, al respaldar actividades -como las de diseño industrial y adquisición de tecnología- que tradicionalmente han venido quedando al margen del ámbito de los inventivos fiscales por no pertenecer al contorno de la I+D. Un enfoque de estas características redunda asimismo en provecho de las pequeñas empresas, que a menudo carecen de los recursos necesarios para llevar actividades de I+D y se benefician de incentivos fiscales que conceden prioridad exclusiva a la investigación y desarrollo. Recogiendo opiniones de los agentes interesados, el estudio infiere que las administraciones públicas consideran que la I+D resulta igual de fácil de definir que las actividades de innovación tecnológica, y que suelen "opinar que una definición precisa de la innovación dentro de la legislación fiscal complicaría la aplicación estratégica, al abarcar la innovación muchas actividades difíciles de demarcar". Los autores del informe solicitan que en el próximo examen del marco comunitario de ayuda pública a la I+D, programado para mediados de año, se actualice la categorización de la innovación. En estos momentos, expone el informe, el marco "no contempla la innovación como categoría aparte de I+D", lo cual significa que "las actividades que podrían entenderse como innovadoras sin corresponder a las categorías referidas en el actual marco únicamente pueden beneficiarse de ayudas públicas de atenerse a la política de inversión de la Comisión".