La Comisión advierte a Irlanda que su legislación sobre la experimentación con animales está obsoleta
La Comisión Europea ha enviado una notificación formal a Irlanda requiriéndole el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) relativo a la Directiva sobre experimentación con animales. El TJCE dictaminó en 2001 que Irlanda había dado una definición al término "experimentación" demasiado limitada y no había impuesto de manera efectiva las penas a aquellos que habían incumplido las garantías requeridas. Al comentar la decisión sobre el envío de la notificación, la Comisaria de Medio Ambiente de la UE, Margot Wallström, declaró: "He instado a Irlanda a que adopte medidas urgentes para que adecue la legislación que tiene, del siglo XIX, al reglamento de la UE relativo a la experimentación con animales". La Directiva sobre experimentación con animales tiene por objeto garantizar en toda la UE el cumplimiento de ciertas disposiciones comunes sobre la protección de los animales. El reglamento de Irlanda utilizado para la ejecución de la Directiva está basado en una Ley sobre la crueldad con animales que se remonta a 1876. La definición de "experimentación" utilizada en esta Ley se considera demasiado limitada, ya que omite, por ejemplo, los experimentos genéticos, que pueden causar un daño físico duradero en los animales. La Comisión considera igualmente que las multas impuestas a Irlanda como medidas disuasivas de las prácticas de experimentación abusivas en animales son demasiado pequeñas para ser efectivas. Como consecuencia de la sentencia del TJCE en octubre de 2001, la Comisión escribió a las autoridades irlandesas al siguiente mes para averiguar de qué forma Irlanda había intentado rectificar la situación. Al no producirse respuesta alguna en dos meses, la Comisión decidió iniciar un procedimiento de infracción contra este Estado miembro de la UE, e incluso podría imponerle una sanción. Irlanda tiene ahora alrededor de dos meses para responder a la notificación formal, una vez trascurrido este plazo, la Comisión podría emitir un "dictamen motivado" (o segundo aviso) a Irlanda. Si el país no cumple con este dictamen dentro del plazo estipulado, la Comisión podría optar por llevar el caso ante el TJCE.