Busquin cree que los ataques contra las plantaciones experimentales de OMG podrían dejar postergada a Europa
La destrucción de plantaciones experimentales de organismos modificados genéticamente podría impedir la capacidad de Europa de evaluar los riesgos y beneficios del progreso científico, informa el Comisario de Investigación, Philippe Busquin. El señor Busquin ha hecho estas declaraciones tras conocerse la destrucción, la semana pasada, de una plantación experimental de colza modificada genéticamente en Alost, Bélgica, el último de la serie de ataques que se están produciendo en toda Europa. Las plantaciones experimentales se realizan en la fase de desarrollo de las variedades de plantas modificadas genéticamente y convencionales. El último ataque contra una plantación había sido autorizado por las autoridades belgas y se realizaba en conformidad con la legislación comunitaria y local, según informa la Comisión. Además, añade que la incorporación de idénticos genes a través de los métodos convencionales de reproducción de plantas sería menos precisa y tardaría más tiempo. El Comisario Busquin declaró que, a largo plazo, los ataques "sólo pueden impedir que la sociedad se beneficie de las aportaciones del progreso científico". La libertad de investigación es un valor fundamental en las sociedades democráticas, añadió. "Si no invertimos suficiente en la investigación de los organismos modificados genéticamente, nuestra capacidad para innovar y evaluar los riesgos potenciales podría verse menoscabada. Al final, los ciudadanos europeos serían los que perderían". La investigación de plantaciones de cultivos transgénicos se ha paralizado prácticamente en la mayoría de los países de la UE. En 2001, el Centro Común de Investigación recibió 88 notificaciones de plantación de transgénicos, a diferencia de la media de 1.500 que se realizan anualmente en EEUU. La Comisión cree que si no se lleva a cabo una investigación adecuada sobre el impacto de las plantas modificadas genéticamente en el medio ambiente, será difícil evaluar si pueden aportar beneficios reales a los ciudadanos y consumidores de la UE.