Nuevas propuestas para una mejor gobernanza regulatoria
Las leyes y normativas son uno de los pilares del buen funcionamiento de la UE y permiten evolucionar en diversos ámbitos: desde promover la innovación o ayudar a las empresas a combatir el cambio climático hasta mejorar la calidad de vida. No obstante, es esencial evaluar las iniciativas de gobernanza regulatoria y comprobar si se han traducido en cambios positivos en la práctica y cómo. El proyecto ALREG (Analysing learning in regulatory governance), financiado con fondos europeos, analizó el proceso legislativo en varios países de la UE, concretamente, en Dinamarca, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido. Para ello, el consorcio examinó evaluaciones de impacto, caracterizó la legislación existente y realizó un metaanálisis de estudios de caso. En definitiva, el equipo documentó la evolución de la idea de «legislar mejor» y los cambios que ha propiciado, para de este modo ofrecer nuevas arquitecturas de gobernanza de la actividad legislativa. Su objetivo era aumentar la competencia del marco regulador y garantizar una amplia legitimización social de los distintos sistemas de normas. Uno de los principales interrogantes que se plantearon los socios se refería a si los costes y las obligaciones administrativas derivadas de la acción legislativa estaban justificados, especialmente en periodos de crisis económica. En general, la evaluación del impacto de las nuevas normativas en términos de costes y beneficios para la economía, el medio ambiente y la sociedad puso de manifiesto numerosas deficiencias. Se constató que para que las medidas reguladoras y la evaluación de impacto sean efectivas estas deben apoyarse en un contexto político y administrativo caracterizado por el aprendizaje transnacional en materia legislativa. Los hallazgos del proyecto han dado lugar a nuevas métricas del rendimiento de la actividad legislativa y han transformado la visión de los responsables políticos sobre la evaluación de impacto, además de promover el aprendizaje recíproco transnacional. A través de congresos y publicaciones, los hallazgos de ALREG se divulgaron entre distintos agentes implicados, tales como organizaciones de la sociedad civil, federaciones patronales y responsables de políticas, además de otras partes interesadas. Los beneficiarios de esta iniciativa —las instituciones de la UE, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Gobierno neerlandés— también encontrarán útil la investigación, que allana el camino hacia un marco jurídico mejor para Europa.
