El Parlamento aprueba directiva para la protección de la privacidad de datos personales
Los Estados miembros podrán eludir la protección de la privacidad de datos personales cuando estimen que sea necesario para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública o llevar a cabo investigaciones policiales, tras la aprobación por el Parlamento Europeo, el 30 de mayo, de un compromiso sobre la directiva para la protección de datos en las comunicaciones electrónicas. La directiva es el último elemento del nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas, que entró en vigor el 24 de abril. El compromiso exige que sólo se dé ese paso cuando sea una "medida necesaria, apropiada y proporcionada en una sociedad democrática". Por lo tanto, los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas para la conservación de datos durante plazos limitados. El Comisario de Empresa y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, dijo al Parlamento que mientras que los debates para llegar a un compromiso sobre la retención de datos habían sido difíciles, la Comisión comparte las preocupaciones expresadas en el Parlamento sobre la protección de los derechos y libertades fundamentales. El Sr. Liikanen explicó que como la directiva sobre la protección de datos forma parte del primer pilar (Comunidades Europeas) de competencia de la UE y no del tercer pilar (justicia y seguridad interior), existen limitaciones jurídicas sobre las disposiciones de la directiva, tanto en lo relativo a los derechos y libertades individuales como a las medidas nacionales relacionadas con la seguridad pública y la lucha contra el delito. El ponente, el eurodiputado italiano Marco Cappato, rechazó cualquier tipo de responsabilidad por el resultado, planteando que supone enormes restricciones de las libertades individuales y se opone a la posición de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. En lo que concierte a las comunicaciones electrónicas no solicitadas ("spamming"), el Parlamento mantuvo la posición común del Consejo, aprobando un sistema que exige el consentimiento previo del afectado para que se le puedan enviar comunicaciones de carácter comercial por correo electrónico, fax, texto a teléfonos móviles y sistemas de llamada automática. El Parlamento también siguió la postura del Consejo sobre la inclusión de datos personales en guías públicas, confirmando que se requiere el consentimiento previo de los usuarios. El Parlamento mantuvo la posibilidad de que los Estados miembros permitan la utilización de funciones de búsqueda inversa y pide que la directiva se vuelva a someter a consideración en un período de tres años a partir de su fecha de entrada en vigor.