La Comisión, a punto de aprobar la propuesta de explotación de información pública
La Comisión Europea prevé la aprobación de un proyecto de Directiva revisado sobre la explotación de la información del sector público el 5 de junio. Presentada originariamente en una reunión de la Junta de Comisarios el 24 de abril, la propuesta fue enviada de vuelta a los funcionarios para que trabajaran en ella durante un mes más. El resultado fue un proyecto de Directiva enfocado a facilitar la conversión de información del sector público (por ejemplo, legal, económica, geográfica y turística) en recursos de digitales de valor añadido, orientados a su comercialización a través de Internet. La propuesta presenta algunos cambios destacables en comparación con el borrador original del 24 de abril. Deja de insistir en que cualquier información del sector público que sea accesible debe ser sujeto de explotación. En la nueva propuesta, los Estados miembros tendrán más libertad para decidir qué tipo de información están dispuestos a facilitar para ser utilizada de nuevo por el sector privado. También se ha planteado otra vez la cuestión de cuánto pueden cobrar los organismos públicos por el suministro información. El proyecto de Directiva, que pone como ejemplo a EEUU, afirma que cuanto más barato sea el precio por la reutilización de información del sector público, mayor será el impacto económico. Sin embargo, reconoce también que existen algunos organismos públicos que dependen de los ingresos generados por la venta de información. Ahora, a estos organismos se les permite un margen razonable de beneficios, un cambio respecto a la propuesta original que afirmaba que las tarifas deberían basarse exclusivamente en los costes. El documento declara que los derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector público no se verán afectados por esta propuesta, ya que la posibilidad de volver a utilizar los recursos se basa en la licencia. El proyecto de Directiva está dirigido a las autoridades nacionales, regionales y locales, asociaciones públicas, pero no a las empresas del Estado. Aunque no sea el objetivo primordial de esta reglamentación, las instituciones de la UE deberán cumplir también las normas propuestas.