Un informe de la Comisión sobre las telecomunicaciones identifica las tareas clave de los Estados miembros
En el informe "European telecoms regulation and markets 2002" (Regulación y mercados de las telecomunicaciones europeas 2002) publicado por la Comisión se insta a los Estados miembros a transponer el nuevo marco europeo de telecomunicaciones a las legislaciones nacionales y a hacer más esfuerzos para promocionar la competitividad dentro del sector. El informe aporta una visión general sobre el estado del mercado de las telecomunicaciones en Europa, analiza la aplicación del conjunto de medidas reguladoras para este sector y señala las áreas que requieren más acciones para superar los problemas del sector, como la falta de competitividad y los trámites administrativos innecesarios. Una de sus conclusiones clave es que "Trascurridos cuatro años y medio de la liberalización de los servicios de telecomunicaciones, el reglamento que se aplica a nivel nacional cumple en esencia el marco reglamentario de la UE [...] Aunque todavía queda trabajo por hacer en ciertas áreas, en concreto, en relación con la tarificación y el acceso que se deriva de la liberalización del bucle local". El informe sobre el estado del sector de las telecomunicaciones en Europa es positivo, al declarar que: "Las estimaciones reales de crecimiento del mercado de servicios de telecomunicaciones en 2002 para el conjunto de los mercados nacionales de los 15 Estados miembros oscilan entre un cinco y un siete por ciento; unas previsiones muy alentadoras en vista del uno por ciento de media de crecimiento del PIB previsto para la UE para 2002." Aunque el informe advierte de que el mercado es "algo frágil", después de la crisis de las empresas punto.com la recesión económica mundial, y los altos índices de deuda originados por las adquisiciones y el coste de las licencias de tercera generación. El análisis del mercado muestra una reducción continua en torno a un cinco por ciento de los precios de las llamadas nacionales e internacionales en toda Europa, y afirma que las tarifas de las llamadas nacionales ofertadas por los recién llegados a este mercado son hasta un 56 por ciento más baratas que las de los operadores preexistentes en algunos países. En resumen, el informe declara que "En términos generales, a pesar de la difícil situación económica del mercado, existen indicadores positivos que muestran una demanda continua de servicios y de actividad orientada a la competitividad del mercado." En su análisis sobre la situación de la regulación de la industria en los Estados miembros, el informe concluye que mientras que todas las autoridades nacionales de regulación (ANR) cuentan con las técnicas y la independencia para supervisar el sector, muchas de ellas se ven entorpecidas por los "arduos procedimientos nacionales", que reducen su efectividad. Y continúa afirmado que mientras las ANR se han esforzado por clarificar el marco regulador relativo a la liberalización del bucle local, "siguen existiendo problemas importantes respecto a la regulación de las tarifas y al acceso no discriminatorio a las utilidades." El estudio de los niveles de penetración de la banda ancha en la UE demuestra que del total de los 10,79 millones de usuarios de banda ancha, 4,45 millones ( un 41 por ciento) acceden a Internet a través de los nuevos operadores del mercado que proporcionan acceso a Internet a alta velocidad. Al analizar por separado el mercado de ADSL (acceso Internet a alta velocidad a través de líneas telefónicas de cobre), el informe revela, sin embargo, que los nuevos operadores dan acceso sólo al 22 por ciento de los usuarios minoristas. El que sólo el cuatro por ciento de los usuarios se sirvan a través de líneas liberalizadas indica que el "derecho extensivo de uso preferente del mercado por los operadores preexistentes", adquirido a través de la prioridad "que adquiere el primero que llega" y de los "temas relativos a la tarificación." El informe advierte a las ANR y a los Gobiernos de los Estados miembros de que "existen áreas donde todavía queda mucho por hacer, en concreto en relación con la tarificación y los temas relacionados con la liberalización del bucle local. La aplicación completa tanto de los principios orientativos sobre los costes y los de no discriminación son esenciales en este sentido [...]. En resumen, el informe declara que "Finalmente, los Gobiernos pueden, en la situación económica imperante, contribuir al despliegue de los servicios de comunicación electrónica mediante el análisis de una serie de cargas adicionales del sector en forma de impuestos específicos sobre los servicios de telecomunicaciones, las tarifas desproporcionadas para la instalación de las infraestructuras, incluyendo las antenas móviles, el suelo público, y las restricciones a la radioemisión que sobrepasan las recomendadas a nivel europeo."