La asociación de empresarios europeos acoge sin entusiasmo el acuerdo de patentes
La Unice, la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empresarios de Europa, ha cuestionado determinados aspectos del acuerdo alcanzado en el Consejo de Competitividad sobre la creación de una patente comunitaria. En una declaración publicada el 7 de marzo, la organización indica que, en el momento de elaborar un marco para la patente, acordado por el conjunto de los Estados miembros, el Consejo perdió de vista las necesidades de las empresas europeas. La Unice afirma que, aunque considera el acuerdo como un hecho político importante, le parece que los compromisos políticos "se han apartado de la creación del instrumento que necesita hoy la empresa para poder competir con sus más directos rivales comerciales. A este respecto, el acuerdo no atiende plenamente las necesidades del usuario". La evaluación versa sobre tres elementos del compromiso que la Unice considera que van en contra de los intereses de la empresa europea: el sistema jurisdiccional establecido para la patente, los requisitos de traducción y la relación definida entre las oficinas nacionales de patentes y la Oficina Europea de Patentes (OEP). En lo relativo al sistema jurisdiccional, la Unice se muestra satisfecha con la creación de un tribunal unitario competente para todo lo relacionado con la patente comunitaria, lo cual, en palabras de la Unice, garantizará la coherencia de la jurisprudencia. Menor aceptación ha tenido la propuesta de periodo de transición de siete años previa al establecimiento del citado sistema, durante el cual serán los tribunales nacionales los que asuman jurisdicción. La Unice advierte que la medida "pone en entredicho el principio de seguridad jurídica", por lo que urge a los Estados miembros a replantearse el tema del periodo de transición. El acuerdo alcanzado en el Consejo sobre el idioma de los documentos de patentes estipula que, aunque las solicitudes puedan presentarse en cualquiera de las tres lenguas oficiales de la OEP, las candidaturas aprobadas deberán tramitarse en todas las lenguas oficiales de la Comunidad corriendo los solicitantes con los gastos de traducción. La Unice sospecha que este procedimiento generará costes excesivos e innecesarios que gravarán con especial intensidad a los presupuestos de las pequeñas y medianas empresas, científicos y centros de investigación. Por lo que respecta a la relación entre las oficinas nacionales de patentes y la OEP, la Unice contrasta su apoyo al que la OEP sea la única responsable del examen de solicitudes y concesión de patentes comunitarias con la "seria inquietud" que provoca la posibilidad de que se requiera a las oficinas nacionales de patentes que asuman tareas investigadoras en nombre de la OEP. Esta decisión, afirman en la Unice, "repercutirá en la calidad del sistema de patente comunitaria". La Unice urge a la Comisión y a los Estados miembros a tener en cuenta las reservas formuladas antes de aprobarse el reglamento relativo a la patente comunitaria. Aunque el inicio de los debates en torno a la patente comunitaria se remonte al año 1975, las divergencias de opiniones acerca de las lenguas oficiales de la documentación de patentes o el papel de las infraestructuras nacionales de patentes han retrasado hasta la fecha la concertación de un acuerdo aceptable para el conjunto de los Estados miembros.