Los participantes de un proyecto del VIPM reaccionan a las propuestas de simplificación de la Comisión
Los participantes del proyecto financiado por la UE "Finance-NMS-IST" han publicado un documento de posición sobre las propuestas de simplificación del VII Programa Marco (VIIPM) de la Comisión centrado en los aspectos económicos del programa. Entre las prioridades destacan la consulta a los responsables financieros de las PYME y pequeñas empresas de auditoría durante la elaboración del programa y la consulta posterior, a estas mismas personas, en seminarios explicativos. En el caso de agentes más pequeños, el documento señala que la Comisión debería aportar directrices claras que garanticen que los socios mayores no privan a los agentes "pequeños" de la suficiente financiación. El consorcio afirma que el planteamiento de costes directos en el VIPM fue un error carente de lógica y que, por el contrario, los costes generales deberían basarse únicamente en los costes de personal. Sugiere que se establezcan los porcentajes de acuerdo al tamaño de la organización. El documento muestra su satisfacción por la propuesta para introducir una financiación a tanto alzado, pero critica la idea de que el 20 por ciento de los costes indirectos se basen en los costes directos totales. "El nivel y la base para el cálculo no se adecuan a la mayoría de las organizaciones", declara el consorcio. En su lugar, el porcentaje de gastos generales debería suponer sólo un porcentaje de los costes de personal. Entre los comentarios generales del consorcio hay peticiones para la uniformidad en la interpretación, controles financieros a los participantes cuando exista responsabilidad colectiva, la creación de la figura de un defensor central, la reintroducción de la ponderación en las evaluaciones, menos retrasos en la conclusión de contratos, y la garantía de que existan condiciones de competencia equitativas para los países periféricos. El documento señala también que los países con salarios más altos a menudo pierden al desplazarse el trabajo a países con costes laborarles más bajos. "Los países con costes de mano de obra altos contribuyen proporcionalmente más a la financiación del programa y por ello no deberían ser penalizados", concluye el informe.