Acuerdo político en torno a la nueva legislación sobre sustancias químicas de la UE
Tras dos años de intenso debate, el Consejo de Competitividad alcanzó el 13 de diciembre un acuerdo político sobre el proyecto de Reglamento para el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). El nuevo Reglamento REACH de la UE reemplazará a las 40 normas legales existentes, creando un sistema integrado único para el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), que garantizará la eliminación de las brechas que existen en la información actual sobre las propiedades peligrosas de unos 30.000 productos químicos, y la difusión a la cadena de suministro industrial de la información necesaria sobre el uso seguro de sustancias con el fin de reducir los riesgos de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. REACH invierte la carga de la pruebas, y de esta forma será la industria, estos es, los productores e importadores de sustancias, en vez de las autoridades públicas, quienes tendrán que asumir la responsabilidad de aportar la información necesaria y adoptar medidas eficaces para la gestión de riesgos. El Consejo respalda el compromiso adoptado por el Parlamento Europeo sobre los procedimientos de registro, que reducirán el número de productos químicos que se deben probar, de 30.000 a aproximadamente 12.500. Los ministros están de acuerdo también en compartir los datos, con el fin de minimizar la duplicación de las pruebas, incluidos los experimentos en animales. En el centro del debate estaban la "autorización" y la "sustitución". Aunque algunas delegaciones quisieron señalar la importancia de disponer de incentivos fuertes o incluso de obligaciones para la sustitución de las sustancias peligrosas, otras delegaciones se mostraron preocupadas por el impacto que podría suponer para la industria unas condiciones excesivas para la autorización. El acuerdo del Consejo pretendía conseguir un equilibrio entre estas diferentes opiniones. La propuesta establece que no deben concederse autorizaciones en el caso de sean sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT, siglas en inglés) y sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas (vPvB, en inglés). Sobre las enmiendas relativas a la autorización, para las que el Parlamento propone una revisión en los próximos cinco años, los ministros declararon que las revisiones deberán realizarse de forma individualizada y que las empresas que quieran la autorización para sustancias peligrosas tendrán que probar que los riesgos están adecuadamente controlados y aportar información sobre posibles alternativas. El Consejo aprobó también la creación de una nueva Agencia europea de sustancias químicas, que se ubicará en Helsinki, Finlandia. La agencia gestionará el registro de sustancias a través de una base de datos que se creará para tal fin. También desempeñará un importante papel en la evaluación y autorización de las sustancias. % La Comisión Europea ha elogiado el acuerdo político del Consejo. El Vicepresidente de la Comisión y responsable de Empresa e Industria, Günter Verheugen, declaró que "este acuerdo pone fin a un largo periodo de incertidumbre para la industria y le ayuda a planear la labor altamente desafiante de cumplir con las nuevas exigencias. El acuerdo del Consejo es razonable. Hemos conseguido más eficacia y viabilidad para REACH, mantener con éxito la competitividad de la industria de la UE y reducir la carga de las pequeñas y medianas empresas, un aspecto fundamental". El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, añadió que "este acuerdo representará una mejora destacable en cuanto a la protección de la salud y el medio ambiente. Reducirá las enfermedades relacionadas con las sustancias químicas y permitirá a los usuarios y consumidores elegir de forma consciente las sustancias químicas que entrarán en contacto con ellos. También fomentará la innovación y supondrá un fuerte incentivo para que la industria sustituya las sustancias químicas peligrosas por otras más seguras". Pero no todo el mundo está contento, los grupos preocupados por el medio ambiente acusan a los Estados miembros de atenuar las condiciones para la autorización de productos químicos tóxicos establecidas por el Parlamento Europeo. El texto aprobado en primera lectura exigía la sustitución de las sustancias químicas peligrosas por alternativas más seguras siempre que fuera posible, mientras que el texto aprobado por el Consejo declara meramente que se debería animar a las empresas a que lo hagan. En un comunicado conjunto emitido el 13 de diciembre, las organizaciones defensoras del medio ambiente, de la condición femenina, de la salud y de los consumidores, expresaron su decepción por el hecho de que los ministros de la UE "no hubieran sido capaces de aprovechar esta oportunidad única para proteger a las personas y el medio ambiente de la amenaza que suponen las sustancias químicas tóxicas". Destacan que los requisitos reforzados de sustitución aprobados por el Consejo para PBT y vPvB representan sólo una parte de todas las sustancias químicas peligrosas, y que las carcinógenas, que pueden dañar la reproducción, y las sustancias químicas que son disruptores hormonales no se verán afectadas, incluso aunque existan alternativas más seguras. Otro punto de desacuerdo es el relativo a la propuesta de reducir los datos relativos a la seguridad que los fabricantes de sustancias químicas estarían obligados a aportar, sobre todo para las sustancias producidas en cantidades pequeñas (es decir, fabricadas o importadas en cantidades entre una y diez toneladas). El comunicado insta al Parlamento Europeo a que afirme de nuevo su apoyo a la "sustitución obligatoria" en la segunda lectura, prevista para 2006. Parece ser que la industria tampoco está del todo satisfecha. UNICE, la unión de confederaciones industriales y patronales europeas, ha elogiado el acuerdo que está "a mitad de camino del enfoque basado completamente en los riesgos que plantea la industria". Aunque satisfechos con la reducción de los requisitos de información para las sustancias de poco volumen que harán que REACH sea más rentable para las pequeñas y medianas empresas, las patronales representadas en UNICE creen que un control apropiado sobre el uso de las sustancias más peligrosas debería ser condición suficiente para lograr la autorización ilimitada. Como el texto acordado difiere de la propuesta adoptada por el Parlamento Europeo el 17 de noviembre, la posición común formal del Consejo, que se aprobará dentro de la Presidencia austriaca en mayo de 2006, tendrá que ser remitida de nuevo al Parlamento Europeo para una segunda lectura dentro del procedimiento de codecisión. Se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo lleguen a una decisión final sobre REACH en otoño de 2006. La Comisión tiene previsto que el Reglamento entre en vigor en la primavera de 2007, y las exigencias para el funcionamiento de REACH se aplicarán previsiblemente a partir de 2008.