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Un estudio de la UE identifica los obstáculos a los que se enfrenta la administración electrónica

Un estudio sobre utilización de la administración electrónica financiado con fondos de la UE ha identificado una serie de obstáculos para los que no existe una única "solución milagro". Estos obstáculos van desde fallos en el liderazgo y una mala coordinación, hasta el entorno...

Un estudio sobre utilización de la administración electrónica financiado con fondos de la UE ha identificado una serie de obstáculos para los que no existe una única "solución milagro". Estos obstáculos van desde fallos en el liderazgo y una mala coordinación, hasta el entorno laboral, la inflexibilidad organizativa y la falta de confianza. El estudio concluye que solamente a través de una acción coordinada en toda la UE y un análisis sistemático de las circunstancias específicas de la evolución de la administración electrónica será posible superar esos obstáculos. El estudio, financiado con fondos del programa MODINIS de la eEurope 2005, se basa en toda una serie de informes y análisis sobre la investigación disponible en materia de administración electrónica. Los socios del proyecto realizaron asimismo un sondeo entre 1.000 destacados representantes de la administración pública, la empresa y grupos de expertos que participan en actividades de administración electrónica a nivel local, regional, nacional o paneuropeo, en el que se les pidió que enumerasen los obstáculos más importantes a los que se debe enfrentar la administración electrónica. Para el profesor William Dutton, director del Oxford Internet Institute, al frente del proyecto, los resultados "contradicen absolutamente la opinión generalizada de que existe una cuestión crucial, un único obstáculo fundamental al desarrollo de la administración electrónica. Por el contrario, nos hemos encontrado con toda una serie de obstáculos en muchos niveles, que van desde la resistencia al cambio a nivel individual a determinadas limitaciones económicas". El primero entre dichos obstáculos es el fracaso por parte de los políticos a la hora de atribuir a la administración electrónica la prioridad que le corresponde. A menudo el apoyo político se manifiesta a través de ciclos de atención y falta de atención que se traducen en progresos desiguales con avances y retrocesos en materia de administración electrónica. El liderazgo requiere de la capacidad no sólo de gestionar complejos proyectos basados en las TIC (tecnologías de información y las comunicaciones), sino también de motivar y apoyar un compromiso sostenido con la administración electrónica dentro de las administraciones públicas y la utilización por los ciudadanos de los servicios de la administración electrónica. Según los autores del estudio, "para ello es necesaria una gestión eficaz de los diferentes intereses, concepciones y perspectivas de las diversas partes interesadas para lograr que este tipo de conflictos no se convierta en impedimentos que frenen el desarrollo de la administración electrónica". Directamente relacionado con las cuestiones de liderazgo está el obstáculo de los costes. El estudio revela que cuando existen otras demandas fundamentales con las que competir por la asignación de los recursos públicos, resulta difícil calcular cuáles serían los beneficios tangibles y sustanciales que compensarían unos costes evidentes, a menudo elevados. Ello puede llevar a que los fondos destinados a la administración electrónica se restrinjan o incluso se retiren, dificultando así seriamente la velocidad y el ámbito de actuación del avance de la administración electrónica. Cuando los líderes finalmente se deciden a proporcionar el apoyo financiero necesario para poner en marcha los servicios de la administración electrónica deben hacer frente a otras dificultades como, por ejemplo, la reticencia del personal y miembros de la dirección de las administraciones públicas a adaptarse al nuevo sistema. La resistencia a la innovación puede ralentizar, perjudicar o incluso impedir la necesaria remodelación de las organizaciones y de sus procesos que permita sacar adelante un sistema que apoye las actividades que afectan a las responsabilidades administrativas tradicionales. Esta falta de flexibilidad se debe en ocasiones al marco jurídico de empleo que impide que se produzcan cambios en las prácticas laborales. Si un sistema de administración electrónica, o sus servicios, consigue finalmente empezar a funcionar, su diseño debe ser capaz además de superar el paso del tiempo. Y, tal y como sugiere el estudio, esto en sí mismo ya representa un obstáculo. Incompatibilidades en el material y los programas informáticos o en las infraestructuras de redes, además de las dificultades causadas por interfaces de usuario inadecuadas para acceder correctamente a los sistemas de administración electrónica pueden dificultar seriamente las relaciones entre agencias públicas, ciudadanos y empresas. El estudio recomienda que para potenciar una mayor interoperabilidad los estándares que se establezcan a través de leyes y normativas sean en la medida de lo posible "neutrales por lo que se refiere a la tecnología", y no favorezcan a un determinado proveedor o marca comercial. Sin embargo, las dificultades pueden surgir asimismo a la hora de establecer estos estándares cuando existe una falta de coordinación entre las administraciones locales y regionales y los sistemas de la UE. El mandato jurídico por cuanto se refiere a la dirección de la administración pública corresponde a los Estados miembros y, aunque algunas directivas comunitarias pueden intentar introducir una mayor armonización, su interpretación y puesta en práctica varían en diferente medida entre los diferentes países de la UE. Como ejemplo de este problema el estudio menciona la cuestión de la firma electrónica. A pesar de la existencia de la Directiva 1999/93/CE sobre la firma electrónica, y en razón a las diferentes interpretaciones sobre la misma y ,por ello, a las diferentes normas existentes, aún queda mucho por hacer antes de que pueda establecerse una utilización paneuropea del sistema. Para los autores del estudio, esta situación se ha traducido en la falta de acuerdo y ulterior puesta en marcha de estándares en materia de firma electrónica. Por último, si bien el éxito en la puesta en funcionamiento de la administración electrónica depende en gran medida de un contexto jurídico y reglamentario propicio, el estudio revela que al final la aceptación de estos sistemas y servicios no puede realmente desarrollarse adecuadamente sin antes afrontar la cuestión de la brecha digital y lograr la confianza de los usuarios. Factores tales como la salud, la edad, el género, la discapacidad, la lengua, la cultura, la situación geográfica y el tamaño de la empresa nos indican que los recursos de la administración electrónica son utilizados de muy diversas maneras (o no son utilizados en absoluto) por individuos, grupos y organizaciones muy diversas. El estudio señala cómo esta cuestión resulta aun más difícil de resolver a nivel de la UE, donde las iniciativas de administración electrónica deben necesariamente ser de naturaleza multilingüe y multicultural. Por ello, para superar esta brecha recomienda que los servicios de administración electrónica satisfagan una serie de criterios de "facilidad de uso" comunes a todos los servicios adaptados a las TIC. Esta fue asimismo una de las propuestas del plan de acción eGovernment 2006. El reconocimiento de la existencia de estos obstáculos propiciará el desarrollo de un gran número de iniciativas necesarias para fomentar el uso de la administración electrónica. "Ahora el principal desafío es utilizar nuestro conocimiento sobre dichos obstáculos, así como sus bases jurídicas, para acelerar y no, al contrario, ralentizar el proceso", manifestó la Dra. Rebecca Eynon, del Oxford Internet Institute (OII), y directora de proyecto de este estudio. Con el propósito de poder ofrecer un entendimiento más profundo sobre estos obstáculos, el proyecto está realizando una serie de casos prácticos sobre las siguientes cuestiones: derechos digitales del ciudadano; consulta electrónica; empleo; movilidad; registros públicos; y licitaciones públicas a nivel internacional. El informe final del proyecto estará disponible en diciembre.

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