Según un nuevo informe la explotación de la investigación es vital para la competitividad
La Dirección General de Investigación de la Comisión Europea ha publicado un proyecto de informe sobre la consulta pública relativa a la investigación transnacional y la transferencia de conocimiento. Muchos de los resultados tienen implicaciones para la investigación en colaboración, incluido el Programa Marco de investigación de la Comisión Europea, y vienen a demostrar que la explotación de la investigación financiada con fondos públicos es un impulsor de la competitividad. El estudio se basa en las respuestas a una consulta pública que finalizó el 1 de agosto de 2006. La consulta recibió 199 respuestas, con una participación mayoritaria del Reino Unido, con cerca de un tercio del total de las respuestas aportadas, el 29 por ciento. La mayoría de los entrevistados procedían de universidades, 42 por ciento, y otro tanto, el 33 por ciento, acreditó ostentar un puesto de responsabilidad dentro de su organización. El estudio se divide en dos partes, en la primera se analizan las actitudes de diferentes sectores y, en la segunda, las cuestiones en materia legislativa. La primera parte comenzó examinando el papel de las organizaciones financiadas con fondos públicos y cómo encajan en la miscelánea de investigación. La gran mayoría de los entrevistados afirmaba que la investigación financiada con fondos públicos es un "importante" impulsor de la competitividad de la UE: 195 de los 199 entrevistados la calificaron de "muy" o "bastante" importante, un 70 por ciento más opinaba que habría que hacer "mucho más", mientras que otro 27 por ciento creía que era "poco" importante. Los entrevistados por lo general opinaban que la investigación financiada con fondos públicos era poco explotada por las organizaciones financiadas con fondos públicos debido a que daban poca importancia a la explotación o porque carecían de las capacidades para explotar la investigación de forma adecuada. Un 72 por ciento calificó la cooperación entre las organizaciones financiadas con fondos públicos y un socio industrial de, o bien "muy difícil" o "difícil", incluso cuando ambos se encontraban en el mismo país. El 26 por ciento afirmó que la cooperación era "fácil", aunque la mitad de los entrevistados procedían de universidades. Se da por hecho que los países difieren en materia legislativa, así que sería justo asumir que los países individuales tienen diferentes limitaciones que relativizan la facilidad de cooperación. La cooperación internacional parece presentar más dificultades, sin embargo. Ninguno de los entrevistados encontró la cooperación entre organizaciones financiadas con fondos públicos y un socio industrial en un país diferente "muy fácil". De hecho, el 82 por ciento la consideraba "difícil" o "muy difícil". Esto podría tener implicaciones para el propio Programa Marco, ya que toda la investigación financiada debe ser transnacional. Al considerar qué es lo que debería cambiar en las organizaciones financiadas con fondos públicos, en la industria o las universidades, para aumentar la cooperación o la eficacia, se produjeron profundos desacuerdos entre sectores, lo que indica que estos sectores no se entienden del todo entre sí. La excepción fue la industria, donde la industria y otros agentes estaban por lo general de acuerdo. Una mayoría, el 75 por ciento de los entrevistados, opinaba que los Estados miembros tienen un papel fundamental a la hora de persuadir a las organizaciones financiadas con fondos públicos para que adoptaran directrices para establecer una cooperación con la industria. Por último, en cuanto a la propiedad intelectual, el 85 por ciento creía que era un área importante, pero los entrevistados se mostraron divididos sobre si se deberían crear directrices, revelándose una mayoría a favor, 108 frente a 76. La segunda parte se dedicó a examinar la legislación. Hubo acuerdo en que los diferentes marcos legales obstaculizaban la cooperación, a pesar del "mercado interior" de la UE. Además, los entrevistados consideraban todos los cuellos de botella sugeridos por la Comisión como problemáticos hasta cierto grado, entre un 23 y un 53 por ciento, con las diferencias en la titularidad de la propiedad intelectual y las propiedades comunes mencionándose entre las principales dificultades. Esto indica que la industria, las organizaciones financiadas con fondos públicos y las universidades se beneficiarían de la existencia de una legislación sobre patentes armonizada, o de la tan preconizada "patente comunitaria". Los entrevistados querían también más dinero disponible para la transferencia tecnológica, aunque las opiniones eran divergentes en cuanto a los derechos de la tecnología o la propiedad intelectual. En EEUU, la ley Bayh-Dole concede los derechos de propiedad intelectual a los desarrolladores cuando la investigación está financiada con fondos públicos, si bien los entrevistados no llegaron a un acuerdo sobre si esto sería una buena fórmula para la UE.