La OMC reitera su decisión contra la moratoria comunitaria de facto de transgénicos
La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha pronunciado contra la moratoria de hecho que rige en la UE sobre las semillas modificadas genéticamente en una decisión que la Comisión Europea ha calificado de obsoleta, cuando se está poniendo en marcha un nuevo marco reglamentario. Desde que Estados Unidos, Canadá y Argentina presentaran la denuncia ante la OMC en 2003, la UE ha atendido 10 solicitudes de productos transgénicos; y actualmente está examinando otras 30 solicitudes. "La situación actual en la UE difiere radicalmente de la que estudió el panel", afirma Peter Power, portavoz del Comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson. Hablando con la BBC, aclaró: "Se corrobora así que en la aplicación del sistema de autorización de organismos modificados genéticamente la UE vela por el estricto cumplimiento de la Ley". El fallo de la OMC viene a confirmar la decisión preliminar anunciada en febrero, cuando los grupos industriales estadounidenses alegaron que la moratoria de hecho de la UE había costado a los exportadores del país unos 300 millones de dólares americanos anuales desde 1998. La Comisión Europea, justificando en el principio de cautela la demora en la autorización de determinados productos, declaró en febrero: "El sistema de autorización de la UE puede parecer largo para los países con actitudes más flexibles respecto a las cuestiones de seguridad alimentaria y ambiental. [...] Es conocido que Estados Unidos piensa que los transgénicos considerados seguros en el continente norteamericano lo son de hecho en todas partes". La UE y sus Estados miembros mantendrán el derecho a promulgar las leyes que regulen el contenido de los alimentos. Así se indica en una declaración. La OMC no se pronunció sobre la seguridad de los productos biotecnológicos, ni sobre las posibles diferencias con sus equivalentes tradicionales. La OMC señala, en cambio, que la UE debe cumplir las normas del comercio mundial y aduce que la moratoria de hecho de cinco años "se derivó del incumplimiento de los procedimientos individuales de autorización dentro de un plazo razonable". Sin embargo, la decisión no cuestiona el derecho de la UE a efectuar mediciones de riesgo previas a la autorización de semillas.