Científicos del norte y el sur se enfrentan en Bruselas al consentimiento informado Científicos y expertos en ética procedentes de países desarrollados y en vías de desarrollo acordaron, tras los debates mantenidos en la conferencia sobre ética, investigación y globalización, celebrada el pasado 14 de mayo en torno a las complejas cuestiones que plantea el co... Científicos y expertos en ética procedentes de países desarrollados y en vías de desarrollo acordaron, tras los debates mantenidos en la conferencia sobre ética, investigación y globalización, celebrada el pasado 14 de mayo en torno a las complejas cuestiones que plantea el consentimiento informado y los dobles estándares de la ciencia, que se avanza mediante el consenso. Todos los delegados presentes en la conferencia estaban de acuerdo en que la utilización de las pruebas clínicas para obtener más conocimientos sin tener en cuenta a los participantes en las mismas quedaría fuera de toda ética. No obstante, hubo diferentes puntos de vista sobre cómo garantizar que la investigación sea estrictamente ética y cuándo saber que se han cumplido las normas correctas. Un dictamen de 2003 del Grupo Europeo sobre Ética en la Ciencia y en las Nuevas Tecnologías afirmaba que las normas éticas aplicadas a las pruebas clínicas en los países industriales deberían utilizarse también para las de cualquier otro lugar, aunque nada se acordó sobre el uso de placebos. En la práctica, el entorno en el que se llevan a cabo las pruebas impide sencillamente que los procesos aplicados en los países del norte puedan ser transferidos a los países meridionales y garantizar el consentimiento informado. El nivel de educación y la alternativa que supone participar en la investigación son dos de los problemas principales de este enfoque. Muchas veces no es práctico ni suficiente pedir al participante potencial que lea por completo un formulario de consentimiento y después lo firme. Para divulgar el contenido de una investigación es probable que sea necesario recurrir a la ayuda visual y debería siempre explicarlo una tercera persona, independiente, que comprenda los valores locales. Por otra parte, utilizar trabajadores de campo para que expliquen la investigación y recojan firmas plantea nuevos problemas, los trabajadores de campo se ocuparán inevitablemente de la promoción y muchos dan por supuesto que conseguir el máximo posible de firmas es la mejor forma de lograrla. En este caso, las comprobaciones ad hoc son una forma de garantizar que los trabajadores de campo hacen bien su trabajo. Incluso pudiendo explicar la investigación a los participantes potenciales de forma totalmente comprensible, no por ello tienen libertad para adoptar una decisión objetiva acerca de su participación, como destacaron varios conferenciantes en la conferencia de Bruselas. Incluso si los investigadores no pretenden de manera consciente obtener el consenso mediante incentivos, la alternativa que supone participar en una prueba, a costa de la salud, es un incentivo indirecto, que acaba con la libertad de elección. «¿Qué haríamos en Bruselas si el acceso a los hospitales dependiera del consentimiento a participar en una investigación?» preguntó Jean-Claude Ameisen del Comité Consultivo Nacional sobre Ética de Francia e INSERM, el Instituto de Salud e Investigación Médica. La solución a la cuestión de los incentivos en los países en desarrollo consiste, según su opinión, en llevar a cabo pruebas clínicas sólo en los lugares donde ya exista un nivel mínimo de atención sanitaria. «Los países deberían saber que la máxima prioridad es la atención y luego está avanzar en el conocimiento», afirmó. Clement Adebamowo, Director del Centro de Ética de África Occidental señaló otro problema relacionado con la obtención del consentimiento informado. Su experiencia es que muchas personas en África prefieren un enfoque colectivo, más que tener autonomía para decidir por ellos mismos si participan en una investigación. Según su opinión, esta preferencia ha sido moldeada por las circunstancias históricas y culturales, aunque afirma que es necesario investigar más para llegar a comprenderla. En respuesta a los temas relativos a los dobles estándares, los conferenciantes señalaron que, mientras existan, generarán división no sólo entre Europa y África, sino también dentro de estos continentes. En Europa existe un procedimiento de consentimiento informado unificado, aunque éste no se adecua necesariamente a todos. En Europa existen también personas con un escaso nivel de educación y muchos inmigrantes. Los formularios europeos de consentimiento fueron criticados además por estar al servicio de los departamentos legales de los hospitales, anteponiéndose al interés de los pacientes. John Williams de la Asociación Médica Mundial, concluyó su presentación con una sinopsis concisa sobre por qué es exactamente problemático encontrar un consenso sobre la ética en investigación. Diferentes grupos interesados están motivados por opiniones e intereses dispares, pero la división no sólo existe entre la industria y los grupos sociales. Incluso los que elaboran directrices no consiguen ponerse de acuerdo, algunos son simplemente más de principios, mientras otros son más pragmáticos. Los participantes acordaron que aunque es difícil de conseguir, el consenso debe ser, no obstante, la forma de avanzar. La Comisión Europea tiene aquí una función que desempeñar a la hora de combatir contra los estándares dobles y apoyar los esfuerzos para crear consenso, según declaró el Sr. Williams. Este apoyo puede concretarse en la financiación de foros que reúnan a los interesados en un intento por lograr ese consenso. Según el Sr. Williams, la Comisión podría también identificar y divulgar las mejores prácticas. Las recomendaciones aportadas en la conferencia se presentarán obviamente a la Comisión Europea. La Dirección General de Investigación identificará después las acciones orientadas a la creación de capacidades que solventen problemas específicos y den respuesta a las necesidades de los países socios. Estas acciones se financiarán a través del programa «Ciencia en Sociedad» del Séptimo Programa Marco (7PM), que cuenta con un presupuesto de 330 millones de euros para el periodo 2007-2013.
