Cómo las medidas de lucha contra el trabajo sexual suelen legitimar formas de control migratorio extremas, racializadas y cada vez más represivas
¿Funcionan las medidas institucionales y no gubernamentales de lucha contra la trata de personas en Europa del modo deseado? A juzgar por los resultados de SEXHUM, que contó con el apoyo del Consejo Europeo de Investigación, no está tan claro. Nicola Mai, coordinador del proyecto, lleva desde octubre de 2016 estudiando la tendencia del «humanitarismo sexual»: un proceso sociocultural que define a ciertas personas y grupos de migrantes como vulnerables en relación con su identidad y conducta sexual. «Nuestro proyecto se centra en la perspectiva de las personas afectadas. Implica una observación etnográfica, entrevistas semiestructuradas y grabaciones etnográficas colaborativas», explica Mai.
Desde Auckland a Nueva York pasando por Sídney y París
El trabajo del proyecto abarca cuatro países y ocho ciudades de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. De este modo, intenta reflejar los principales ámbitos de la migración global, los entornos de la industria sexual y los marcos de formulación de políticas relacionadas con la prostitución: criminalización, regulación y descriminalización. El proyecto recopiló 240 entrevistas semiestructuradas exhaustivas con 221 trabajadores de la industria del sexo y víctimas de la trata. En ellas se recogen las experiencias de personas de diferentes etnias, ámbitos profesionales, identidades de género y sexuales, clases y experiencias de racialización. «Además, incluimos a propósito una muestra mayor de participantes racializados para reflejar la forma en que las autoridades de lucha contra la trata y de migración, así como de las fuerzas de seguridad, se centran en estas personas de forma desproporcionada», añade Mai. Se realizaron unas ochenta entrevistas a partes interesadas, organizaciones no gubernamentales y y organismos gubernamentales y cuarenta y cinco entrevistas más sobre el impacto de la COVID-19 en los trabajadores migrantes de la industria del sexo en los cuatro centros nacionales del proyecto. Los resultados de la investigación ponen en tela de juicio ciertos estereotipos generalizados. Para la gran mayoría de los participantes del estudio, el trabajo sexual no constituye realmente una forma de explotación sexual, sino más bien un modo de evitar las condiciones de trabajo más explotadoras a las que están expuestos los migrantes en los trabajos «normales» a los que pueden acceder. Mai también muestra cómo las intervenciones humanitarias pueden legitimar unas formas de control migratorio represivas, racializadas y extremas. «Dado que las medidas y políticas humanitarias sexuales suelen basarse en asunciones racializadas de la vulnerabilidad, no logran captar la realidad de las personas a las que más afectan y no ofrecen un apoyo adecuado a quienes lo necesitan. Además, las medidas contra la trata y otras medidas humanitarias sexuales a menudo provocan la aplicación de leyes contra el trabajo sexual y la migración. Esto agrava las verdaderas vulnerabilidades de los trabajadores migrantes de la industria del sexo», señala. Lamentablemente, Mai también demuestra que una mayor criminalización de los trabajadores sexuales migrantes conduce a una menor capacidad de estos trabajadores para acceder a la justicia y hacer valer sus derechos. Los migrantes en los Estados Unidos, donde el intercambio de sexo por dinero es un delito, y en Francia, donde se criminaliza a los clientes como una estrategia para acabar con el denominado «sistema de prostitución», se encontraban en una situación más precaria y más vulnerable ante la violencia y los abusos. Esto incluye los abusos por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. Los trabajadores en contextos despenalizados, como en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, no eran tan vulnerables. En definitiva, los resultados de SEXHUM indican claramente que la derogación de todas las leyes represivas que penalizan tanto la venta como la compra de servicios sexuales es el marco de formulación de políticas más adecuado y menos perjudicial para la industria sexual. Las medidas de lucha contra la trata deberían separarse de la aplicación de leyes contra la migración y el trabajo sexual para poder reducir la vulnerabilidad a la explotación de las personas a las que se proponen ayudar. Las políticas y las medidas sociales solo tendrán probabilidades de funcionar si se incluyen la perspectiva y el derecho legal real de los migrantes a acceder a los mercados de trabajo nacionales e internacionales. Otras recomendaciones políticas incluyen la retirada de la financiación a las instituciones y organizaciones no gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad, que fomentan las intervenciones sociales y políticas contra el trabajo sexual y la migración, así como la consulta con las comunidades y organizaciones de derechos de los trabajadores antes de poner en marcha nuevas políticas y medidas que afecten a los trabajadores de la industria del sexo. La metodología creativa y colaborativa de SEXHUM incluyó a los trabajadores sexuales migrantes en la redacción y producción de documentales creativos (etnoficción) que narran y difunden sus propias historias y perspectivas. Esperemos que estos documentales también sensibilicen a los ciudadanos. Por ejemplo, «CAER (CAUGHT)», una etnoficción de sesenta y un minutos escrita, producida y editada en colaboración con el Colectivo Intercultural TRANSgrediendo de mujeres trans latinas en la ciudad de Nueva York. También crearon «Plan B», un documental producido en colaboración con la asociación Roses d’Acier de cismujeres chinas en París.
Palabras clave
SEXHUM, trabajadores de la industria del sexo, migrante, trata, explotación sexual, prostitución
