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Nuevos conocimientos sobre el arbitraje

El aumento de los arbitrajes transnacionales en los que intervienen organismos de derecho público y agentes económicos privados plantea cuestiones importantes sobre su legitimidad, por lo que comprender cómo funcionan como mecanismo de gobernanza y responder a esas preocupaciones en materia de legitimidad será crucial para la cooperación entre los sectores público y privado.

Sociedad

El uso del arbitraje para resolver disputas entre el sector público y el privado suscita preocupaciones de naturaleza constitucional, porque los árbitros no están sujetos a las mismas normas y salvaguardias que los jueces nacionales. El recurso creciente del arbitraje suscita interrogantes sobre la legitimidad constitucional, que incluye principios como la democracia, el estado de Derecho y la protección de los derechos humanos fundamentales. Según el doctor y profesor Stephan Schill, investigador principal del proyecto LEXMERCPUB, financiado con fondos europeos: «Este proyecto analizó la creciente práctica de resolver disputas entre los Estados y las entidades estatales, por un lado, y los actores económicos privados, por otro, no en los órganos jurisdiccionales nacionales, sino a través del arbitraje».

Enfoque integral del arbitraje público-privado

Las conclusiones muestran que el arbitraje público-privado no solo funciona para resolver disputas individuales, sino que también funciona como un sistema de gobernanza transnacional en el que los árbitros no solo resuelven disputas individuales, sino que también contribuyen a un mayor desarrollo de la ley. En particular, lo hacen de una manera que abarca sistemas jurídicos específicos. En este sentido, se debe considerar que los árbitros público-privados ejercen la autoridad pública transnacional. Este ejercicio transnacional de autoridad pública no es un fenómeno moderno, sino que se remonta a casos de arbitraje público-privado de principios del siglo XIX. Al aplicar esta autoridad, el estudio LEXMERCPUB, financiado con fondos europeos, muestra que los árbitros pueden crear tensiones con los principios constitucionales fundamentales. Esto expone al arbitraje público-privado a desafíos de legitimidad que deben resolverse si el arbitraje público-privado va a utilizarse como un medio de resolución de disputas. La investigación de LEXMERCPUB también revela que un enfoque constitucional comparativo de estos desafíos de legitimidad sugiere que los arbitrajes público-privados no pueden ser considerados ilegítimos y contrarios al interés público como tales. En cambio, la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales aceptan que las controversias entre los sectores público y privado pueden ser arbitradas, pero están sujetas a salvaguardias de interés público. El equipo de LEXMERCPUB descubrió que el arbitraje de disputas público-privadas puede contribuir bajo circunstancias específicas a ciertos principios de rango constitucional. Estos incluyen el acceso a la justicia, la resolución de conflictos de conformidad con el estado de Derecho y la contribución al desarrollo sostenible de los Estados implicados, especialmente cuando existen problemas con el estado de Derecho en el ámbito nacional. Sin embargo, para ser legítimo, deben existir salvaguardias procesales y sustantivas para asegurar que el arbitraje público-privado no socave los intereses públicos legítimos.

Mejores políticas de arbitraje público-privado para los Estados de todo el mundo

Los socios del proyecto desarrollaron un marco conceptual que ayuda a los árbitros a cumplir mejor el mandato que se les ha conferido, adaptar los procedimientos arbitrales a las implicaciones de interés público y evitar las consecuencias negativas de los procedimientos de arbitraje público-privado para el interés público. Los tribunales constitucionales, a los que se pide cada vez más que evalúen la constitucionalidad de los acuerdos de arbitraje entre el sector público y el privado, desarrollarán mejores estrategias para orientar a los árbitros en la forma de juzgar de manera que se respeten las nociones fundamentales de interés público y los valores constitucionales. El doctor Schill concluye: «LEXMERCPUB permitirá a los responsables políticos, árbitros y órganos jurisdiccionales tomar decisiones mejores y más justas en materia de arbitraje público-privado. Proporcionará una base sólida para mejorar el arbitraje público-privado transnacional como institución de gobernanza regulatoria global».

Palabras clave

LEXMERCPUB, arbitraje público-privado, árbitro, actor económico privado, disputa público-privada, gobernanza regulatoria, entes públicos

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