La Comisión revisa las directrices para las ayudas estatales con el fin de promover la inversión de capital riesgo en las PYME
La Comisión Europea ha revisado sus directrices sobre las normas relativas a las ayudas estatales con el objetivo de mejorar el acceso a las inversiones de capital riesgo por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Los interesados han recibido con interés las nuevas normas, que afirman ayudarán de forma significativa a incentivar la innovación. El capital riesgo es la financiación en forma de inversión que se destina a las empresas en las fases iniciales de crecimiento. La financiación pública de las medidas de capital riesgo se considera necesaria debido a la "brecha de inversión" que experimentan muchas empresas, principalmente las PYME, que no consiguen la financiación necesaria para la expansión de su negocio. Sin embargo, como consecuencia de los beneficios comerciales potenciales que puede aportar, cualquier capital riesgo subvencionado con fondos públicos tiene que ser controlado para garantizar que no distorsiona el mercado, ni crea una falta de incentivos o desalienta a otros inversores potenciales a aportar capital. Publicadas el 19 de julio, las "Directrices sobre las ayudas estatales para la promoción de las inversiones de capital riesgo" aportan las condiciones que las medidas de capital riesgo subvencionadas por el Estado para las PYME deben cumplir para que sean autorizadas por la Comisión. Las directrices, que sustituyen una Comunicación de 2001, ponen en marcha el llamado enfoque de "salvaguardia regulatoria" o "evaluación leve", que permite a las PYME recibir hasta 1,5 millones de euros de financiación común estatal y privada en un periodo de un año. Esto supone un aumento del 50 por ciento sobre el anterior umbral y se considera que refleja de forma adecuada el nivel actual en la UE de la brecha de inversión. Otra de las condiciones que se deberán cumplir dentro de esta evaluación "leve" es un 70 por ciento de cuota para los instrumentos de inversión en vez para los instrumentos de deuda y una contribución mínima de parte de los inversores privados del 50 por ciento. Si la medida de capital riesgo subvencionada por el Estado supera el umbral antes mencionado, será necesario que pase por una evaluación económica más pormenorizada donde se solicitará pruebas del fallo del mercado. La decisión de desarrollar un procedimiento de evaluación económica en dos niveles supone el enfoque económico general elaborado que ha sido adoptado por el Plan de Acción de ayuda estatal de la Comisión. La Asociación Europea de Artesanos y PYME (UEAPME) se ha declarado a favor de las nuevas normas, a las que califica de "mejora significativa respecto a la Comunicación de 2001 sobre esta materia y un importante elemento para compensar los fallos reglamentarios y de mercado que existen en el terreno de la innovación". El enfoque de la Comisión de solicitar que al menos el 50 por ciento del capital proceda de fuentes privadas fue particularmente bien acogido. "Garantizará que las decisiones en materia de inversión estén orientadas a los beneficios y que los fondos de capital riesgo se gestionen sobre la base comercial", declaró Gerhard Huemer, director de la política económica y fiscal de UEAPME. "Las directrices permitirán también el uso del dinero público para mejorar los beneficios o para disminuir los riesgos de los inversores privados". Sin embargo, todavía se pueden racionalizar aún más y simplificar las directrices, según UEAPME, mediante la aportación de exenciones por categoría para todas las medidas de "salvaguardia regulatoria" hasta un cierto umbral, por ejemplo de 1 millón de euros. Esto reduciría la carga burocrática y garantizaría la rápida gestión de la ayuda estatal relativa al capital riesgo. La otra deficiencia de las directrices revisadas, declara UEAPME, radica en el hecho de que se centran sólo en las medidas de capital riesgo para las PYME innovadoras de alto crecimiento. Aunque es verdad que estas empresas adolecen de una evidente "brecha de inversión" la mayoría de las PYME se enfrentan realmente a una "brecha de financiación" en general y necesitan mejorar el acceso a las medidas de financiación de la deuda de las que, lamentablemente, son excluidas dentro del ámbito de las directrices revisadas. "Esperamos que los Estados miembros hagan ahora un uso completo de las nuevas directrices para fomentar las inversiones de capital riesgo y cerrar la brecha de inversión que afecta actualmente a las PYME más innovadoras de Europa. Esperamos también que la Comisión Europea presente un nuevo conjunto de directrices sobre ayuda estatal para los instrumentos de la deuda y casi-deuda, que complementaría a las nuevas normas sobre capital riesgo y mejoraría el acceso a la financiación de todas las pequeñas y medianas empresas", concluyó el Sr. Huemer. Otras noticias relacionadas es que la Comisión ha aprobado dos planes de ayuda estatal para la innovación. El primero es un plan de movilización de la innovación desarrollado por la agencia nacional francesa para la innovación industrial (AII). Creado en 2005 con un presupuesto anual de 1.000 millones de euros, a través de AII se seleccionarán, financiarán y evaluarán los principales programas estratégicos que, bajo el ímpetu de una compañía líder, reunirán a grandes empresas industriales, PYME y laboratorios de investigación. El objetivo es crear productos o servicios nuevos de alta tecnología en un periodo de entre cinco y diez años. Aunque se considera que está en línea con el programa marco comunitario de ayudas estatales orientadas a la investigación y el desarrollo, la Comisión dice que continuará supervisando los programas de la agencia. "Dado su impacto potencial sobre la competitividad, antes de ser emprendidos los programas deberán ser notificados de forma individual a la Comisión, la que comprobará concretamente que la ayuda aportada por la Agencia no va en detrimento de los intereses de otros competidores europeos", declaró la Comisaria de Competencia, Neelie Kroes. El segundo plan aprobado supone 4,6 millones de euros de ayuda estatal que la provincia holandesa de Gelderland tiene previsto adjudicar a las iniciativas que exploren nuevas formas de proteger el medio ambiente y hacer que el transporte público sea más eficiente y conciliador con el medio ambiente. La Comisión estuvo de acuerdo con la opinión de la provincia holandesa de que los actuales titulares de licencias de los servicios de transporte público no están invirtiendo lo suficiente en protección medioambiental ni en la innovación de transportes y que, por lo tanto, la intervención de la ayuda estatal se consideraba necesaria para abordar esta "deficiencia del mercado".